El que carga no es el antidisturbios. El que carga la mano de esa brutalidad es el subdelegado de Gobierno, y antes su ministro del Interior. Hablamos de Antonio Camacho, que en estos tiempos es hablar de mucho. Después de ver las imágenes de la represión policial contra la represión laica, se podría pedir su dimisión. Es más: si en la oposición no se encontrara con un partido que apoya, sin fisuras, toda la cobertura institucional y política a la visita del Papa, ya se habría pedido su dimisión o exigido su cese fulminante. Carga el antidisturbios: dando un puñetazo a una menor, amparado por una línea de compañeros, y luego contra un periodista que pasaba por allí. Cuando se ven las imágenes, se vacían de contenido las palabras exculpatorias de Antonio Camacho: “No pueden admitirse hechos violentos y es cuando se producen las detenciones. Es importante no confundir el 15-M con esos elementos radicales”. O sea, que quiere quedar bien con el 15-M por la consigna socialista de ahora, pero el abuso de fuerza y también de autoridad que puede verse en el famoso vídeo está justificado.

Todo esto es la guinda de un pastel envenenado: la visita del Papa a España. No lo ha hecho como jefe de Estado –en cuyo caso, se le deberían haber rendido los honores correspondientes-, ni tampoco como líder de una confesión religiosa, recogido en sus templos o en sus actos multitudinarios, pero restringidos a un espacio concreto y no ocupando toda una ciudad; después de haber dado tanto la brasa con el laicismo y con la ley de la memoria histórica, de haber puesto en valor esa separación ideológica, histórica y familiar entre las dos Españas, esta traca final de Rodríguez Zapatero –bien hilada por Pérez Rubalcaba, como guiño hacia el electorado moderado de centro- ha supuesto la ruptura absoluta del principio constitucional de separación Iglesia-Estado.

Al 15-M no se les calentó, porque se suponía que la joven izquierda andaba por ahí. A los peregrinos se les ha dado rango no de jefes de Estado, pero sí de turistas tan privilegiados que no pagan ni el bocata de calamares en la plaza Mayor. Y encima, reprimiendo a porrazos a los manifestantes laicos, los únicos que tienen, todavía, la Constitución en la boca, por más que se la partan. Si esto lo hubiera hecho el PP, ya estarían los actores en la calle.