Sólo aciertan cuando rectifican. En este país ha habido campañas enteras, de izquierda, derecha y de nacionalistas, en que la mejor manera de descalificar al contrario era utilizar esta expresión. Y hoy, en esta difícil situación sanitaria y económica la frase vuelve a ser definitoria de la actuación del Gobierno, no sólo para descalificar su gestión sino también para reconocer que algunas de sus segundas partes si son buenas.

Y justo es reconocer que necesarias y oportunas son ese medio centenar de medidas sociales y económicas aprobadas en el último Consejo de ministros que incluyen nuevas actuaciones en materia de alquiler, moratoria de cuotas a autónomos y pymes o un subsidio para contratos temporales o empleadas del hogar, entre otras.

Medias que son bien recibidas, en general, desde ambos lados del diálogo social, pero que desde el punto de vista empresarial siguen siendo insuficientes dado que no permiten aliviar las cargas fiscales y sociales que impidan que un buen número de empresas vayan a la quiebra.

Ocho de cada diez empresas españolas tienen menos de dos trabajadores “y a esas es a las que el Gobierno no está apoyando como debiera”, recuerdan dirigentes territoriales de Cepyme, mientras que desde la patronal madrileña CEIM su presidente, Miguel Garrido, apostilla que “recibir liquidez para pagar tributos no arregla nada. Es dinero con aval público para pagar al Estado”, En resumen, se trata aplazamientos de impuestos que se acumularán como una losa dentro de seis meses, durante los cuales las pymes y los autónomos no generarán ingresos y no pueden despedir.

Es una evidencia que España es el único país de nuestro entorno que no ha tocado los impuestos a las empresas en pleno derroche producto. Y es aquí donde surge el dilema entre la necesidad imperiosa de las empresas de aliviar sus cargas tributarias para no perecer en esta guerra, y la obligación que tiene el Gobierno de atender al pago de sus obligaciones al cumplimiento de las medidas de emergencia para lo que no puede dejar de percibir ingresos.

Un dilema razonable siempre que se plantee en términos de lógica económica y no en clave ideológica como sospechan hoy los empresarios y la inmensa mayoría analistas nacionales e internacionales, ante la evidente división en el Gobierno y la sensación cada vez más evidente de que el populismo de Pablo Iglesias y Podemos se está imponiendo al pragmatismo y la ortodoxia de Nadia Calviño. “No quieren suprimir los impuestos, que es lo que haría falta, porque ideológicamente no quieren hacerlo”, afirma un alto directivo de una multinacional.

Con un Pedro Sánchez abducido por Iglesias la imagen que se transmite desde el Ejecutivo es que el vicepresidente segundo avanza cada vez más hacia su apetencia estatalizadora, mientras su escudera en Trabajo, Yolanda Díaz, que nunca ha pisado una empresa, impulsa una campaña de confrontación entre el sector público y el privado, en unos momentos en los que, como en todas las crisis, la solución pasa por la colaboración público-privada.

Una campaña tan descabellada como injusta, cuando son los empresarios, grandes y pequeños, con Amancio Ortega y algunas empresas del Ibex a la cabeza, quienes están arrimando el hombro, aportando trabajo, material, soluciones y dinero, de forma desinteresada y con más eficacia que el Gobierno, como se demuestra día a día, para ayudar a combatir la pandemia y paliar, en lo posible, los errores y las insuficiencias de quienes desde las más altas instancias políticas tienen responsabilidades de gestión.

Como señala acertadamente el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aquí y ahora “Hay que cuidar y proteger a las empresas porque son las que tienen que montar la recuperación para que el país se ponga en marcha en cuanto esto acabe”. Si, pero también, y rememorando sus palabras, cuando esto pase hará falta otra política económica para que el país se levante. “Aventuras populistas de uno u otro signo no valen”. Será necesario aplicar otras medidas con mucho más rigor presupuestario y ortodoxia económica.