Los consejeros de Empresa y Ocupación y Bienestar Social, Francesc Xavier Mena y Josep Lluis Cleries, respectivamente, han reconocido en sede parlamentaria posibles errores en su afán de persecución del fraude, al modificar los pagos de la RMI mediante cheques enviados por correo sin haberlo informado previamente. No obstante, Mena ha subrayado que 3.300 beneficiarios de los 34.000 perceptores no han cobrado, bien porque ya no viven en Cataluña o han muerto.

Los grupos parlamentarios del PSC e IC han anunciado ante la Diputación Permanente del Parlamento catalán que reprobarán al consejero Mena por los cambios introducidos en el pago de la renta social, mientras Enric Millo, portavoz del PP, ha acusado al gobierno catalán de haber gastado más dinero en perseguir el fraude, al contratar a una empresa de trabajo temporal para realizar entrevistas a los perceptores, que la cuantía del propio fraude. A juicio de Millo, “la administración catalana ha intentado matar moscas a cañonazos”.

Por el contrario, el consejero Mena ha asegurado que gracias a las entrevistas personales realizadas por la empresa contratada por su departamento, se han detectado perceptores de la renta mínima de inserción que están abonados a canales de pago de televisión o que pagan facturas de restaurantes con tarjeta Visa porque trabajan en la economía sumergida. Anteriormente, el titular de Empresa y Ocupación había denunciado que otros 4.000 beneficiarios de la RMI cobran más del salario mínimo interprofesional al tener hijos o alguna minusvalía que eleva la prestación de 420 euros mensuales hasta superar los 641 euros. Por este motivo, Mena opina que es por esta razón que muchos de los perceptores rechazan la reinserción laboral, “al cobrar más que trabajando por el salario mínimo”.

Otro de los fraudes detectados son los casos de inmigrantes, en su mayoría magrebíes, que han regresado a su país y siguen cobrando la RMI. Algunas entidades bancarias han indicado a la Generalitat que al ingresar la percepción se realizan automáticamente transferencias al extranjero. En esta situación se encuentra “casi la mitad” de los más de 9.000 marroquies que cobran actualmente esta prestación social.

La RMI ha protagonizado el primer patinazo del gobierno catalán, aprovechado por la oposición para convocar de urgencia la comparecencia parlamentaria de hoy. El cambio de sistema de abono también ha movilizado a muchos perceptores con el respaldo de los sindicatos. Estas prestaciones sociales se han triplicado en Cataluña en los últimos tres años por la crisis económica.

La RMI tiene este año una dotación presupuestaria de 130 millones de euros y beneficia a un total de 110.000 personas, ya que cada perceptor tiene una media de 3,2 miembros en su familia. La Generalitat rechaza que la RMI sea considerada una pensión de jubilación, ni un complemento salarial, sino un programa destinado a la reinserción laboral.

La Generalitat prepara un decreto de reforma del RMI en el que cambia los requisitos para percibir esa prestación, al ampliar a dos años de empadronamiento el tiempo mínimo en vez de uno y un cómputo anual de ingresos y no de cuatro meses, además de limitar el cobro a n total de cinco años.

Los cambios introducidos en la RMI ha elevado el trabajo de la asistencia social en los municipios catalanes que se encargan de tramitar su cobro. Las mismas fuentes indican que un tercio de los beneficiarios de la RMI quedarían fuera de los nuevos criterios que exige la Generalitat para cobrar esta prestación de supervivencia. El decreto que endurece y revisa las condiciones de acceso a la ayuda, afectaría negativamente a las personas con menos posibilidades de reinserción laboral, ya que llevan más de cinco años sin trabajar. Es un grupo de unos 2.300 beneficiarios.

Los cambios también afectaría al colectivo de ciudadanos que habiendo finalizado sus prestaciones por desempleo, no tienen ingresos pero no presentan, en principio, riesgo de exclusión social gracias a su familia, entre otras razones. A este grupo pertenecen unos 10.800 beneficiarios que, de aprobarse el decreto, obligarían a permanecer seis meses sin ningún tipo de prestación antes de cobrar la RMI.

En 2008 había 12.570 beneficiarios de la RMI en Cataluña, mientras en el mes de abril la cifra ya alcanzaba los 33.700 y ahora supera los 34.000. Los recortes en la renta mínima incluidos en la ley de acompañamiento ya han llevado a la Generalitat a empezar a quitar la ayuda a quienes llevaban más de 60 meses cobrándola, según han confirmado algunos servicios sociales municipales.

El gobierno catalán defiende la necesidad de controlar los casos en los que la renta mínima se ha convertido en una «ayuda vitalicia», al desincentivar al beneficiario a cambiar su situación y volver al mundo laboral. Pero los especialistas en asistencia social alertan que, si no se adoptan otras medidas,  los ciudadanos que tienen más problemas de inserción, como toxicómanos y enfermos mentales tendrán un futuro mucho más negro si no tienen alternativas. Desde la consejería de Bienestar Social se asegura por su parte que a ese colectivo se le ayudará a buscar otro tipo de prestaciones.

El decreto también recoge que los beneficiarios solo podrán salir de Cataluña un máximo de un mes y siempre comunicándolo previamente. Además, propone que el número de ayudas concedidas quede limitado a la disponibilidad presupuestaria.

El sindicato CCOO considera “inaceptable” que desde el gobierno se hable de sacar fuera del sistema del RMI a los parados sin ofrecer ningún tipo de propuesta o solución sobre dónde han de ir estas personas que, en número creciente, agotan las prestaciones y subsidios de empleo y se encuentran sin ningún tipo de ingreso y, por tanto, en situación de pobreza. Según palabras del propio consejero Mena, los recién llegados y los parados integran el 70% de los beneficiarios de la RMI.