El Consejo General de Economistas ve «insuficiente» la moratoria de las cuotas de Seguridad Social aprobada por el Gobierno para autónomos y empresas, y piden su ampliación a todas las empresas afectadas por el Covid-19. Avisan que la falta de concreción respecto a sus posibles beneficiarios generará «más incertidumbre».

La moratoria no atiende suficientemente las necesidades actuales de los autónomos y de las pymes, ya que únicamente permiten el aplazamiento o fraccionamiento de las tres siguientes cuotas de la Seguridad Social a un tipo de interés del 0,5%, medida «a todas luces insuficiente para aliviar la difícil situación económica del tejido empresarial».

El Consejo General recuerda que todos los agentes sociales han solicitado insistentemente una moratoria tanto de las cuotas de Seguridad Social como de los plazos de presentación de impuestos, algo que «no ha sido tomado en consideración por el Gobierno ni parece tener intención de hacerlo a corto plazo».

El presidente del Consejo General Valetín Pich, cree importante que el tejido empresarial reciba un «claro apoyo, incondicional y sin excepciones», lo que derivará en una mayor tranquilidad en los mercados, a través del «deseable» desarrollo de una orden ministerial «a la mayor brevedad» y que se puedan acoger a la moratoria todas las empresas afectadas, en mayor o menor medida, por el Covid-19.

No obstante, el Consejo General valora otras medidas incluidas en el real decreto ley, como la ampliación de la moratoria hipotecaria, además de a la vivienda habitual, a otros inmuebles afectos a la actividad de económica que desarrollen empresarios y profesionales, así como a las hipotecas sobre viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler, por quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del Covid-19.

En cuanto al ámbito concursal, considera «razonable» el plan de agilización procesal, que afecta a juzgados del orden social, contencioso administrativo y, lógicamente, también mercantil, tras el estado de alarma y prórroga.

Pero pide medidas ya en los juzgados de lo Mercantil y no esperar hasta que se ponga en marcha el plan, mediante el reforzamiento de equipos y sistemas informáticos, con una mayor coordinación entre LexNET y los sistemas autonómicos de justicia electrónica y, a ser posible, mediante una unificación de criterios en los Juzgados ante esta situación.

También reclama otras medidas, como el impulso de la segunda oportunidad para personas físicas, autónomos y emprendedores.

El Consejo General aplaude otras medidas como la formulación de las cuentas durante el estado de alarma y la verificación contable de las mismas dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga ya prevista, así como que el plazo de verificación contable se aplique también para las auditorías voluntarias.