Los datos que mañana jueves 2 de abril publicarán las autoridades laborales no registrarán propiamente el impacto del coronavirus sobre el mercado de trabajo. Pero además, buena parte de las medidas aprobadas, como la prohibición de despido, retrasarán el reconocimiento del problema, y pueden dejar a un millón de trabajadores desprotegidos, sin prestación, sobre todo jóvenes, mayores y parados de larga duración.

La estadística laboral que la Seguridad Social y los servicios públicos de empleo (SEPE) publicarán mañana jueves tenderá a subestimar el número de nuevos desempleados generados por la crisis del coronavirus.

Por un lado, los trabajadores incluidos en ERTE – expedientes de regulación temporal de empleo – quedarán incluidos como demandantes de empleo ocupados, si los servicios públicos de empleo operan como viene siendo habitual.

Por otro lado, la estadística se limitará a los trabajadores de los ERTE que la Administración haya sido capaz de tramitar, en torno a un tercio del total, según estiman hoy miércoles desde la patronal de empleo temporal Asempleo; hasta superar los 1,4 millones de personas; es decir, tres veces más que la peor cifra registrada en la serie correspondiente al año 2009.

Sin embargo, lo peor puede venir después de la crisis. O mejor dicho, cuando las autoridades levanten el estado de alarma y sus restricciones anejas, tales como el la prohibición de despedir y la suspensión temporal decretada para los contratos temporales.

Entonces los efectos del coronavirus pueden recrudecerse, especialmente para el millón de personas sin prestación que, extrapolando los datos de 2018, encontraron trabajo en las semanas a partir del 14 de marzo, un período fértil para el empleo en actividades de temporada, según señalan desde Fedea, la fundación de economía aplicada.

Por eso, sus investigadores reclaman un cambio estadístico, y que las autoridades apliquen una suerte de “estadística de emergencia”, en tiempo real, que saque a la luz el comportamiento real del mercado de trabajo, sin las citadas prohibiciones, ni los efectos de otras medidas aplicadas por el Gobierno contra la pandemia.

Los autores – Florentino Felgueroso, José Ignacio García Pérez y Sergi Jiménez –reclaman planes de choque específicos para los distintos sectores, especialmente el turismo, el ocio y las exportaciones.

En el turismo, los autores destacan que “no todos los países levantarán las restricciones a la movilidad al mismo tiempo”, además de que el sector continuará sufriendo “mientras persistan las posibilidades de contagio”.

Renta mínima

Tres colectivos preocupan especialmente a medio plazo a lo investigadores de Fedea. Los desempleados de larga duración sin prestaciones, los trabajadores de mayor edad y los jóvenes. Para ellos, y a fin de evitar los problemas generados en la anterior crisis, reclaman una renta mínima transitoria, “de amplia cobertura y probablemente duración”.

Pero además, los economistas recomiendan a la Seguridad Social que proporcione datos “en tiempo real” que permitan analizar las distintas formas de ajuste que se están utilizando durante esta crisis. Reiteran que las personas sometidas a ERTE no se incluirán en las cifras de paro registrado (sí en el número de demandantes); ni en las bajas de afiliación a la Seguridad Social (aunque sí en el número en suspensión), ni aparecerán como desempleados en la Encuesta de Población Activa (EPA), que los considerará como ocupados que no han trabajado en la semana de referencia.

“Se deberá tener un cuidado especial a la hora de analizar estos datos y llegar a conclusiones sobre los efectos de la crisis del coronavirus”, afirman los investigadores.

Los economistas piden a la Administración “un ejercicio responsable de transparencia” y publique en tiempo real, cada semana o cada mes, indicadores que permitan seguir las diversas formas de ajuste, desde las suspensiones de contrato, a las rescisiones o no renovaciones de los contratos temporales, hasta los despidos individuales y colectivos y las reducciones de jornada. Todo ello con el suficiente grado de de desglose que permita atribuir estas medidas a la crisis del coronavirus.

“Nuestro mercado de trabajo ha mostrado ser muy disfuncional, especialmente en épocas de crisis en las que se ha destruido más empleo que en ningún otro mercado de nuestro entorno económico”, concluyen.

“Puede que corregir estas disfunciones a golpe de talonario y no renovación, tenga efectos amortiguadores durante el transcurso de esta crisis sanitaria. Pero esta crisis seguirá dando coletazos en muchos sectores cuando se acabe y se detenga el plan de choque”, sentencian, tras señalar no obstante que la crisis del coronavirus dejará efectos muy distintos según el territorio.

Trunca la bonanza estacional del empleo

Las estimaciones de Fedea se basan en los últimos datos de transiciones del paro hacia el empleo correspondientes al año 2018, cuando 1,7 millones de trabajadores hallaron empleo en las mismas ocho semanas que ahora se ven “amenazadas por la declaración del estado de alarma” del pasado 14 de marzo.

Un millón de estos trabajadores que, trazando un paralelismo, podrían encontrar en este período empleo carecían de prestación, y “no están cubiertos aún por el plan de choque del Gobierno”, afirman los autores de este trabajo publicado hoy y que en principio tiene en cuenta las medidas incluidas en los tres paquetes económicos aprobados por el Ejecutivo, incluyendo las ayudas a los eventuales dictadas ayer.

“El período entre marzo y junio ha sido tradicionalmente el momento del año en el que se registraban los mayores volúmenes de contratación y el paro registraba su mayor descenso estacional”, afirman.

También son las semanas en que un mayor porcentaje de personas sin derecho a paro se incorpora generalmente al empleo, añaden.

Estas medidas pueden dejar “más de un millón de trabajadores desprotegidos ante el shock del Covid-19”, reiteran.

Las comunidades más afectadas por esta falta de ayuda serían Baleares, Murcia y Andalucía.