Miles de autónomos quedarán fuera de la ayuda por cese de actividad, el principal escudo pergeñado por el Gobierno para mitigar en este colectivo la crisis del coronavirus, al no poder acreditar una caída del 75% en los ingresos que les exige el Ejecutivo a quienes no están obligados a cerrar su actividad, según los cálculos de Upta, la asociación de autónomos que reclama además una rebaja en los alquileres de locales comerciales y oficinas.
La asociación, que ha enviado hoy viernes al Ejecutivo una carta en la que demanda estas medidas “adicionales” que “terminarán de completar las ya tomadas por el Ejecutivo”, estima que 1,3 millones de trabajadores por cuenta propia podrán acogerse a la prestación por cese de actividad.
Esta prestación, que les ofrece una ayuda mínima de 660 euros y la exoneración de las cuotas durante los días que dejaron de trabajar, fue lanzada por el Gobierno después de que, el 14 de marzo, decretara el estado de alarma que obligó a cerrar a bares, restaurantes y gran parte del comercio de bienes y productos no esenciales.
Según el Gobierno, esta prestación está garantizada para todos aquellos cuya actividad está incluida en el decreto de cierre.
Sin embargo, el resto – aquellos que, aun sin estar obligados a cerrar, se han visto afectados por la crisis del coronavirus y su ralentización de la actividad económica, deben acreditar para acceder a la ayuda una caída de la facturación de al menos un 75% respecto, con carácter general, al promedio mensual del semestre anterior.
Upta solicita al Gobierno que baje este listón hasta el 50% de caída de ingresos, a fin de que un número mayor de autónomos se puedan beneficiar de las ayudas.
En caso contrario, la entidad asegura que “miles de autónomos” quedarán fuera de la ayuda al no poder acreditar tal bajón de ingresos en marzo.
Según sus cálculos, en torno a 1,3 millones de autónomos se podrán acoger a la prestación por cese de actividad. De ellos serán unos 600.000 autónomos los que accedan por la vía de acreditar el intenso bajón en la facturación.
Ayuda al alquiler
Además, Upta exige al Ejecutivo que apruebe nuevas ayudas que alivien a los autónomos de los gastos de alquiler de sus locales y oficinas.
“Una de las mayores preocupaciones del colectivo es acometer el pago de los alquileres de los establecimientos en los que ejercen su actividad económica o profesional”, relata desde Upta su presidente Eduardo Abad. “Es una de las medidas que deben contemplarse de forma indiscutible”, recalca.
Por otro lado, Upta exige que se relajen los requisitos para beneficiarse de otras ayudas, como el bono social y el rescate de planes de pensiones.
El Gobierno ha incluido a los autónomos entre los colectivos que se pueden beneficiar de estas ayudas, al pago de la energía en el caso del bono social. Sin embargo, según Upta, el Gobierno exige tener la actividad dada de baja de Hacienda y la Seguridad Social para poder acceder tanto al bono social como al rescate del plan de pensiones.
De este modo, en estas condiciones, quedarían excluidos los autónomos que perciban la prestación por cese de actividad y se mantengan en alta.
Además, UPTA pide que los autónomos puedan retrasar hasta julio la presentación de las declaraciones trimestrales del pago de impuestos del segundo trimestre, cuyo plazo se inició el 1 de abril. Y una moratoria aún mayor en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, que incluya también las cuotas de junio.
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