Los bancos han comenzado a conceder los créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a autónomos, pymes y grandes empresas que se estén viendo afectados por la crisis del coronavirus COVID-19 y necesiten liquidez.

El primer tramo de la línea de avales públicos ya se encuentra operativo: 20.000 millones de euros de los cuales 10.000 millones cubrirán, con carácter retroactivo, los créditos concedidos desde el pasado 18 de marzo, y cuya comercialización será supervisada por el Banco de España. Estos créditos avalados por el Estado se concederán a través de 86 entidades que de momento han firmado el acuerdo para conceder estos préstamos y que van especialmente dirigidos a apoyar la liquidez de pequeñas y medianas empresa y autónomos, a los que se les concede un nivel de aval superior. Así, pymes y autónomos podrán atender a pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

El despacho de abogados especializado en derecho bancario Vallverdú Abogados, ya ha detectado varias irregularidades en la forma en que los bancos están gestionando estas líneas de crédito. Rubén Cueto, socio director del bufete, afirma que “las entidades bancarias están velando por sus propios intereses, pues están dilatando el proceso de concesión de financiación chantajeando a los clientes con la colocación de productos bancarios innecesarios, tipos de interés más elevados o comisiones abusivas”.

Rubén Cueto añade que «a día de hoy ninguna empresa ni autónomo ha percibido un solo euro, salvo aquellas entidades que han facilitado préstamos puente en peores condiciones a los clientes, lo que les supone un coste importante hasta que se les ingrese el dinero concedido mediante los préstamos ICO». «Además, se están ofreciendo tipo de intereses diferentes con el objetivo de colocar otros productos para mitigarlos, práctica expresamente prohibida», remarca.

Para evitar que esto ocurra, el Gobierno ha advertido que estos préstamos avalados por el Estado deberán transferir cobertura a los clientes con mejores condiciones, ya sea un menor tipo de interés, la ampliación del plazo para devolver el crédito o la introducción de periodos de carencia.

Los bancos no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación de ningún otro servicio o producto como han denunciado algunos autónomos en las redes sociales, algo que el Banco de España ya había hecho llegar a los respectivos consejeros delegados, con quienes se ha reunido recientemente de forma telemática para hablar del impacto de la crisis del coronavirus.

Rubén Cueto denuncia que “igualmente, en algunos casos, las entidades están aprovechando la ocasión para amortizar préstamos o pólizas anteriores concedidas, dejando de provisionarlas y trasladar el riesgo al Estado«. «Esta operativa no está permitida. El dinero concedido es para inyectar liquidez a las empresas y a los autónomos para que puedan afrontar la crisis del coronavirus. A pesar de ello, las entidades han hecho caso omiso y están tratando de imponer otros productos para la concesión o agilización del crédito. Esta operativa acredita la práctica habitual de las entidades bancarias en España que ha dado lugar a una elevada conflictividad», recalca.

El Banco de España junto con las asociaciones de empresas y autónomos han comunicado que vigilarán la comercialización de estos créditos, y han requerido a las entidades para que establezcan los sistemas de control necesarios. Según el abogado asturiano “desgraciadamente esta vigilancia se transformará en un mero apercibimiento, limitándose a declarar una mala práctica bancaria.”

“Como ha sucedido anteriormente en otras ocasiones para reclamar las malas prácticas bancarias que están sucediendo, lo que hay que hacer es acreditarlo, para ello hay que capturar toda la publicidad de mi entidad en medios y redes, tramitar la concesión de mi financiación por escrito, mantener los contratos y pólizas anteriormente suscritas, guardar toda la documentación de la operación y una vez finalizada requerir a la entidad el expediente en el que se acredite el análisis de la persona de riesgos», subraya Cueto.