«La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha puesto de manifiesto, como muy pocas veces antes, el papel relevante de la ciencia, junto con el sistema de salud, en la obtención e interpretación de datos y en proponer estrategias para la resolución de la crisis. Todo ello puesto a disposición de las autoridades en el mínimo tiempo y con la máxima fiabilidad posible».

Es el primer párrafo de una declaración sobre «el cometido de la ciencia en la resolución de la crisis generada por la pandemia», y suscrita por las mismas instituciones firmantes del “Manifiesto por la Ciencia”: la . Confederación de Sociedades Científicas de España, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, Crue Universidades Españolas, y la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu.

Tan interesante como esta reflexión es la siguiente: «En la gestión de la crisis generada por la epidemia se ha percibido en diversas ocasiones, especialmente al inicio de la propagación, cierta tensión entre la información aportada e interpretada por los científicos expertos y las decisiones políticas tomadas a continuación por
las autoridades».

«Esta falta de sintonía puede haber perjudicado la idoneidad de las medidas
adoptadas, al no estar suficientemente sustentadas en las evidencias disponibles», subraya la declaración.

«Los obstáculos detectados en el flujo de información entre científicos y autoridades han puesto de manifiesto la dificultad que conlleva tener que proporcionar evidencia científica a quien la requiere y en el momento preciso, cuando las redes y mecanismos de asesoramiento o bien no existían, o no se habían desarrollado debidamente», argumentan los firmantes.

Porque, «además del asesoramiento y la información, la ciencia tiene otros cometidos esenciales» ante la pandemia, como «la obtención de métodos de diagnóstico más
rápidos, fiables y económicos, el desarrollo de vacunas, y la generación y validación de nuevas terapias entre otros».

«Estos cometidos requerirán el esfuerzo coordinado de todo el sistema científico y tecnológico para que puedan realizarse con la rapidez y la eficacia necesarias», por lo que las entidades firmantes de la declaración consideran «imprescindible garantizar los recursos e instrumentos suficientes para que la ciencia pueda desempeñar con la solvencia necesaria» su misión en la resolución de la epidemia actual.

«Ello permitirá afrontar las posibles crisis futuras con los mínimos daños al tejido social y económico del país, que son bienes primordiales a preservar», añade la declaración.

Las instituciones firmantes de la declaración ven «inaplazable»:

• activar un sistema de información adecuado y dimensionado a las nuevas expectativas de flexibilidad e inmediatez que demanda la información científica,
• desplegar una red de asesoramiento científico a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, transparente e independiente, que debería estar cubriendo la totalidad de los niveles de la Administración,
• que la Agencia Estatal de Investigación disponga de la autonomía necesaria para gestionar los recursos destinados a la ciencia con un presupuesto plurianual,
• que la Agencia disponga de la suficiente capacidad para retener y orientar el talento existente hacia las nuevas necesidades derivadas de la nueva configuración social y económica tras la actual crisis.

Y además concretarse los recursos en:

• un aumento regular y sostenido de la financiación de la ciencia,
• la toma de las medidas necesarias para incrementar el número de especialistas en todas aquellas disciplinas científicas, sociales y de salud que se requerirán para afrontar crisis sanitarias de gran envergadura.
• la máxima atención al sistema de salud, que deberá recibir prioritariamente los fondos necesarios y adquirir la dimensión que le permita disponer de todo lo necesario para resolver la actual situación excepcional y cualquier crisis sanitaria venidera.