El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha reconocido que todavía quedan reuniones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá para «terminar de definir todos los detalles» del Ingreso Mínimo Vital.

Este reconocimiento se produce después de que el departamento que dirige el líder de Unidas Podemos anunciara ayer que este mismo jueves iba a presentar la medida ante los medios de comunicación junto a Escrivá.

Así lo ha asegurado Iglesias en un mensaje en redes sociales que ha difundido después de que el ministro de Inclusión haya reconocido en una entrevista en la Cadena Ser que se ha enterado por la prensa de que este jueves iba a presentar esta nueva medida, que el Gobierno va a lanzar en mayo tras sellarse un acuerdo entre el secretario general de Podemos y el presidente Pedro Sánchez.

Esta prestación lleva siendo objeto de un intenso debate en el seno del Gobierno desde hace semanas, con Unidas Podemos presionando para sacarla adelante de forma urgente, aunque sea con un formato provisional, para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, y los ministros económicos socialistas defendiendo un desarrollo más pausado de la medida, que ya estaba prevista en el programa de coalición.

En una entrevista en La Sexta, Pablo Iglesias garantiza que la renta mínima vital se aprobará «en mayo», pues éste es el acuerdo al que ha llegado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y que su equipo de Vicepresidencia se va a «dejar la piel» para que esta prestación con la que se pretende ayudar a las familias más desfavorecidas se empiece a cobrar también en mayo.

Pablo Iglesias reconoce que la comunicación la podrían «haber hecho mejor» pero que «la gran noticia» es que han «logrado ponerse de acuerdo».

Argumenta que aprobar un ingreso mínimo vital «ya era urgente antes de la crisis del COVID-19» en un país con una tasa de pobreza infantil del 30%, y ahora a raíz de la pandemia hay «una urgencia sin precedentes» porque «muchas familias no tienen para llenar la nevera». «A mucha gente no le llegan las ayudas de los ERTE, no tienen prestación por desempleo y no tienen manera de hacer que entre ni un euro», insiste.

Por ello, considera que el «debate de los tiempos» que han tenido dentro del Gobierno era necesario porque si se espera a que pase el estado de alarma para tramitar el ingreso mínimo vital como ley ordinaria «se va a septiembre u octubre». Por este motivo, su equipo propuso un «mecanismo puente para las familias que no pueden esperar meses».

Pablo Iglesias asegura que «el martes, en una conversación con el presidente del Gobierno», Pedro Sánchez, acordaron que la prestación se aprobara «en mayo».

A partir de ahora el trabajo va a ser «muy difícil» pero elogia la «preparación exraordinaria» de Escrivá, del que aprende «muchísimo», y del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, e insiste en que para mayo tendrán la norma «lista». También ha agradecido al presidente del Gobierno su «sensibilidad» con esta cuestión.

Sobre el número de personas a la que llegará la prestación y la cuantía de ésta, el vicepresidente segundo del Gobierno precisa que no quiere «pillarse los dedos» y que no puede adelantar «elementos que tienen que resolver los equipos técnicos» junto con las comunidades autónomas.

La semana pasada, el Gobierno planteó una renta mínima vital provisional de 500 euros hasta que pudiera aprobar una permanente, con los siguientes requisitos: obtener unos ingresos por debajo de 200 euros mensuales por persona o que la renta del hogar esté por debajo de los 450 euros de media por miembro. Pero después en la  vicepresidencia de Derechos Sociales y para Agenda 2030 expresaron su intención de que esta prestación se eleve hasta 950 euros para familias con dos adultos sin ingresos y dos hijos a cargo.

Para Pablo Iglesias, «no es solo una medida de justicia social, que es lo que está reclamando con toda la razón el Papa Francisco» sino también de eficiencia económica pues el dinero que se destinará a estas familias no irá «a un paraíso fiscal ni a un cajón» sino que favorecerá «el consumo» y éste, a su vez, «a las pequeñas empresas y a los autónomos».