El Registro de Economistas Forenses (Refor), órgano especializado en materia concursal y pericial del Consejo General de Economistas de España, reclaman, ante la  «ola de concurso de acreedores» y expedientes de regulación de empleo, incentivar los acuerdos de refinanciación para las empresas, extender el blindaje de cuatro meses a 6 e incluso ocho meses, establecer un procedimiento sencillo de segunda oportunidad para las personas físicas vulnerables y autónomos, impulsar la mediación para descargar a los juzgados, y posponer la publicación del texto refundido de la Ley Concursal.

El Refor aplaude las aclaraciones del real decreto-ley del 17 de marzo que establece cuándo puede declararse un concurso voluntario o necesario, y define el ámbito preconcursal tras el Covid-19, así como las contenidas en la modificación del la norma mediante otro decreto del 31 de marzo que aclara quién tiene la competencia en el ERTE concursal.

Pero piden otras medidas para abordar «un conjunto de soluciones que permitan contener, en la medida de lo posible, la ola de concursos de acreedores que se van a declarar en los próximos meses».

Desde el Refor, ven «difícil» cuantificar el número de concursos que pueden producirse en los próximos meses. Pero consideran que las probabilidades de que muchos del medio millón de ERTE acaben convirtiéndose en ERE, con la posibilidad de que muchas empresas puedan acabar en liquidación, son «muy elevadas», incluso «pudiendo superar ampliamente las cifras de la anterior crisis financiera».

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, avisa que si el número de concursos de acreedores se dispara muy por encima de los de la pasada crisis financiera (en 2013 llegaron a presentarse 9.310) «difícilmente van a poder ser asumidos con el actual modelo de España».

Por ello, cree que deberían estimularse soluciones de preconcurso de acreedores, como los acuerdos de refinanciación y reestructuración, permitiendo, de acuerdo con la Directiva de Insolvencia, extender el blindaje de éstos de los 4 meses actuales hasta los 8 meses, para que las empresas puedan «oxigenarse financieramente y no entrar en insolvencia».

También ve importante  una mayor flexibilidad en cuanto al crédito público (Hacienda y Seguridad Social) en el ámbito concursal, lo que «facilitaría mucho los acuerdos de refinanciación y de reestructuración, incluso en la venta de unidades productivas».

«Cuantas más empresas se consigan salvar en esta fase preconcursal, más costes y males mayores evitaremos posteriormente: empresas que desaparecerán y que, por tanto, no tributarán ni cotizarán a la Seguridad Social nunca más», argumenta.

El presidente del Refor, Alfred Albiol, añade la necesidad de «impulsar la mediación mercantil», y recuerda la existencia de un Anteproyecto de Ley de Mediación que contiene una serie de procedimientos tanto civiles como mercantiles y societarios para cuestiones de menor trascendencia que permitirían descargar a los juzgados y tribunales de parte de los conflictos que les llegan, como controversias societarias, patentes y marcas, aeronaves o buques.

Esto permitiría que los jueces de lo mercantil pudiesen concentrarse en las insolvencias, que «será la materia más abundante en los próximos meses».

Alfred Albiol también resalta la necesidad de estimular «la mediación concursal, a través de los acuerdos extrajudiciales de pagos, que todavía son muy escasos, incluyendo también al crédito público».

Por otra parte, para el Refor resulta urgente adoptar medidas establecidas en la Directiva de Insolvencia y posponer la publicación del texto refundido Ley Concursal, ya que «podría añadir mayor confusión en un momento como el actual, porque este texto, aunque está mejor ordenado, contiene nuevos artículos y puede generar problemas con los escritos y los formularios que hay que presentar».

Valentín Pich destaca la importancia de la segunda oportunidad, introducida en 2015 y «poco utilizada», con apenas 2.000 concursos de personas físicas en 2019, para lo que pide establecer un procedimiento «más rápido, más económico, menos formal y más sencillo, especialmente para personas físicas vulnerables, y segregando según niveles adquisitivos».

También cree convendría establecer un procedimiento similar para pequeños autónomos y personas físicas empresarios de reducida dimensión y plantearse establecer entre los distintos operadores, en colaboración con el Ministerio de Justicia y apoyado por el Ministerio de Economía, una suerte de turno de oficio de segunda oportunidad para colectivos, tanto personas físicas como autónomos y emprendedores vulnerables y de reducida dimensión.