Con un debate de algo más de dos horas comenzó la tramitación de la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. La proposición de ley con el contenido del nuevo artículo 135 de la Constitución fue presentada por los portavoces de los dos grupos mayoritarios, José Antonio Alonso, del PSOE, y Soraya Sáenz de Santamaría, del PP, como una necesidad urgente para sosegar a los mercados financieros, evitar la escalada de los intereses de la deuda y garantizar la viabilidad del Estado del bienestar. Ambos coincidieron en sus argumentos. Sin embargo, los restantes grupos, a excepción del diputado navarro de UPN Carlos Salvador, estimaron petrificar la estabilidad presupuestaria en la Constitución y, sobre todo, denunciaron que no se les haya tenido en cuenta y reclamaron un referéndum. La reforma pasó el primer trámite sin dificultad. La toma en consideración fue aprobada por 318 votos a favor (PSOE, PP y UPN) frente a 16 en contra (PNV, IU-ICV-ERC, BNG, UPyD, NABAI y Antonio Gutiérrez, que se desmarcó de la disciplina del PSOE) y dos abstenciones de Coalición Canaria. Los 10 diputados de CiU decidieron no votar. Se registraron 14 ausencias de todos los grupos.

Los llamamientos de Gaspar Llamazares a la “rebelión” contra una reforma perpetrada “con agosticidad y alevosía” que, según dijo, “rompe el consenso constitucional, es un Pavía moderno, sustituye la soberanía de los ciudadanos por la de los mercados y no reconoce a los diputados como dignos parlamentarios, sino como un rebaño de ovejas”, no conmovieron a los socialistas. Las apelaciones de Rosa Díez al voto en conciencia –“¿Qué tiene que ocurrir para que 35 diputados voten en conciencia y exijan un referéndum?”, preguntó antes de afirmar que el PSOE y el PP “tienen miedo a la democracia y a la transparencia”– tampoco sirvieron para romper la disciplina de voto de los grupos mayoritarios. Ni siquiera Joan Ridao, de ERC, arrancó un solo voto a las grandes formaciones con su argumentación más templada contra una reforma que “sigue la pauta neoliberal, petrifica un mecanismo rígido y aniquila las políticas neokeinesianas”.

Más allá de los argumentos de los promotores de la reforma, fue digno de ver el gesto sonriente del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la intervención de la portavoz popular. “Esta reforma es producto de un pacto económico y político entre las dos fuerzas que representan al 90% de la ciudadanía”, dijo Soraya. “Y es una reforma necesaria, oportuna y responsable”, añadió antes de reforzar un trípode conceptual con el argumento de que “no se puede gastar lo que no tenemos ni es responsable dejar las deudas a otros gobernantes, como ha ocurrido en las autonomías, y a las generaciones futuras”.

Los argumentos en contra del portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, fueron la “ruptura del consenso constitucional” y la “laminación de la autonomía financiera y política” de las comunidades autónomas. Si hasta ahora se contaba con los parlamentos autonómicos para fijar el techo de déficit, a partir de ahora se impondrán mediante ley orgánica, se quejó. También recordó que en la reforma alemana participaron los lander y el proceso de estudio y debate se prolongó por dos años. Nada que ver con la reforma expres pactada entre Zapatero y Rajoy.

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka asumió la “estabilidad presupuestaria” como un concepto de sentido común que vale para todos, desde una familia a “los clubes de futbol”, y esgrimió cinco razones para votar en contra de la consagración constitucional: “es un atropello a los procedimientos democráticos, es desleal con las autonomías, es ineficaz, es innecesario y es antieuropeo, sí, antieropeo porque viene a decir que los tratados y directivas de la UE no se cumplen si no están en la Constitución. Flaco favor le hacen a la UE”. Erkoreka incidió en la petición de referéndum y denunció que “algo empieza a fallar en el sistema democrático” cuando se hacen las cosas de espaldas a la ciudadanía. La diputada de Nabai, Uxue Barkos, que lucha contra un cáncer de mama, recibió el aplauso unánime cuando subió a la tribuna. Pero sus palabras, calificando de “inadmisible” la negativa de los grandes grupos a someter a consulta una modificación que antepone los mercados al electorado, fueron acogidas con indiferencia.

En definitiva, si alguna minoría pensaba que podía romper el monolitismo del PSOE sobre una reforma importante aunque meramente técnica de la Carta Magna, y forzar un referéndum, se equivocó. El Congreso terminará el viernes la tramitación y el Senado la aprobará la próxima semana. Cierto es que las discrepancias en el PSOE por el pacto entre Zapatero y Rajoy de espaldas a sus propios partidos y a las demás fuerzas políticas que participaron del consenso constitucional en 1978 fueron grandes y obligaron al candidato Alfredo Pérez Rubalcaba a emplearse a fondo el lunes en sosegar los ánimos y unificar el mensaje. Su reunión con el grupo parlamentario terminó pasadas las doce de la noche del lunes. Por eso, cuando se topó con Zapatero en el pasillo mientras se celebraba el pleno se limitó a decirle: “Voy a tomar un café, que me estoy durmiendo”. De sobra sabe que en política el que bosteza está muerto.