Miguel Borra, presidente nacional de CSIF

Según ha apuntado en un comunicado, entre ayer y hoy ha recibido centenares de llamadas de empleados públicos mostrando su preocupación por el futuro del régimen de clases pasivas y la regulación de sus pensiones.

El sindicato explica que el Gobierno ha utilizado el Real Decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos del coronavirus para modificar «de extranjis» la gestión de las pensiones de funcionarios, «sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales».

CSIF apunta que la actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones y alerta de que las modificaciones incluidas en el Real Decreto Ley «parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía de las clases pasivas del Estado de manera sorprendente».

Por ello, la organización que lidera Miguel Borra ha solicitado una reunión urgente con los ministerios de Hacienda y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para aclarar este traspaso de la gestión de las pensiones de funcionarios desde Hacienda al departamento de José Luis Escrivá.

CSIF ha apuntado que si prospera el Real Decreto Ley, la gestión de las pensiones de las clases pasivas pasará a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones.