Los autónomos que tienen derecho a cobrar la prestación extraordinaria frente al coronavirus cobrarán de nuevo el próximo 30 de abril. Esta vez el período de la ayuda corresponde, o bien a esta segunda quincena de abril, o bien al mes y medio que se les adeuda en el caso de aquellos que no cobraron el pasado 17 de abril, según fuentes “conocedoras de la prestación” que cita la agencia Europa Press.

Cerca de un millón de autónomos se han acogido ya a la prestación por cese de actividad extraordinaria habilitada por el Gobierno especialmente para quienes se vieron obligados a cerrar sus negocios a causa del estado de alarma, y para quienes han visto caer dramáticamente sus ingresos.

El pasado 17 de abril los autónomos recibieron un primer pago, que corresponde al período de 30 días que va del 14 de marzo al 13 de abril. En ese caso los autónomos cobrarán de nuevo el próximo 30 de abril, por un período de 17 días correspondiente a los días que van del 14 de abril, al 31 de abril.

Un segundo caso es de los autónomos que, por una cuestión de plazo, quedaron excluidos del pago de la prestación el pasado 17. En ese caso, los profesionales cobrarán un total de 47 días de prestación, que se les abonará el próximo jueves 30 de abril.

Finalmente, los más rezagados cobrarán un mes después, el 31 de mayo, de una sola vez los 77 días que les corresponden por la prestación devengada durante la segunda quincena de marzo, y los meses de abril y mayo.

La prestación extraordinaria por cese de actividad esta pensada en principio para compensar la pérdida de ingresos de los autónomos durante el estado de alarma, prorrogado ayer hasta el 10 de mayo.

Sin embargo diversas organizaciones sectoriales han reclamado al Gobierno que prorrogue las ayudas, especialmente en algunos sectores cuya salida de la crisis se presume más lenta.

Aun así, fuentes consultadas por la agencia afirmaron hoy jueves que la ayuda esta pensada como una prestación única de 77 días que finaliza el próximo 31 de mayo.

La prestación extraordinaria por cese de actividad concede una ayuda mínima de 661 euros, que aumenta si sube la base de cotización de su beneficiario, y conlleva además la exención de las cuotas a la Seguridad Social, por un importe mínimo de unos 290 euros al mes, lo que eleva la ayuda hasta los 950 euros mensuales, incluyendo ambos conceptos.

Pueden acceder a ella todos los autónomos que hayan visto clausurada su actividad o hundidos sus ingresos un 75%, y es compatible con otras prestaciones de la Seguridad Social, por ejemplo una pensión de viudedad.

Exoneraciones parciales durante la salida

Ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzó que el Gobierno estudia que estas exoneraciones de cuotas sean parciales durante la salida de la crisis que el Ejecutivo está perfilando cuando se cumplen 40 días de confinamiento, después de que el 14 de marzo el Gobierno se viera obligado a confinar a la población y cerrar negocios no esenciales a fin de contener la expansión del coronavirus.

Escrivá reiteró que la protección a los autónomos se extenderá durante todo el período que dure el estado de alarma, pero que una vez que comience la llamada desescalada o salida de la crisis, en el Ejecutivo deberán ser “más finos” para que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan, habida cuenta del diferente grado de afectación que muestran las diversas actividades y regiones.

El diseño de las ayudas durante la salida de la crisis se completará durante las próximas semanas, concluyó Escrivá, en función de la situación de cada sector, reiteró.

Según Escrivá, unos 55.000 autónomos han causado baja en el régimen de la Seguridad Social desde que comenzó la crisis.

Otras ayudas

Los autónomos se pueden acoger también a una moratoria en el pago de impuestos, así como a diversas medidas como el paso optativo de un régimen de módulos al de estimación directa, lo que beneficiará a unos 400.000 trabajadores – especialmente de la hostelería, el comercio y el taxi – que pagaban sus impuestos en función de unas variables ‘objetivas’, a fin de facilitar su contabilidad.

El Gobierno atendió la reclamación de los autónomos que indicaban la dificultad de estos trabajadores por módulos para acreditar la caída de sus ingresos.

Sin embargo, el Ejecutivo se resiste por el momento a rebajar el umbral a partir del cual los autónomos pueden solicitar el cese extraordinario, fijado en un 75% de los ingresos, y que las asociaciones quieren rebajar al 40% o 50%.

Otras reclamaciones de este colectivo se refieren a la liquidez aportada por el Estado a través de la banca y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según alguna asociación estas líneas de liquidez no estarían llegando con la suficiente cuantía.