Del confinamiento a la autoprotección. Así definía el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, esa nueva normalidad que nos anuncia el presunto plan de desescalada del confinamiento con que nos desconcertaba el martes Pedro Sánchez. Un esbozo de salida del arresto a domicilio por fases que, en el fondo, lo que hace es trasladar la responsabilidad de la solución sanitaria y económica de la pandemia a las empresas y a los ciudadanos a los que el Gobierno encarga de asegurar la seguridad individual y colectiva, dimitiendo de su obligación de dirigir, coordinar, proyectar y liderar las medidas y las soluciones.

Un esbozo de plan vago, impreciso, confuso, sin consensuar, sin pasar por el Parlamento y que al ser asimétrico vulnera el artículo 14 de la Constitución que garantiza la igualdad de los españoles ante ley, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Un desconfinamiento a la fuerza el que nos anuncia el Presidente, y al que se ha visto obligado por las presiones de las comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen ya sus propios planes, acorralado por las críticas y las denuncias de los medios de comunicación independientes, inquieto por las caceroladas y la reprobación mayoritaria en la redes sociales y relegado en el concierto de la UE.

Dirigentes socialistas comentan que la intención del jefe del Gobierno era prorrogar la cuarentena hasta bien entrado junio, y que sólo las presiones externas “le han forzado a moverse y romper la indefinición y la improvisación permanente en la que estaba”.  De hecho, Sánchez no dudó en anunciar durante la rueda de prensa posterior a su homilía que tiene previsto volver a solicitar al Congreso una nueva prórroga del Estado de Alarma.

Sánchez y su socio Iglesias se encuentran cómodos en esta situación de confinamiento que les permite gobernar por decreto, sin apenas someterse al Parlamento ni rendir cuentas a la oposición, con la Justicia prácticamente paralizada, controlando la libertad de expresión y sin respuesta de la calle porque tienen recluida a una mediante un régimen excepcional que muchos profesionales de la judicatura y del derecho consideran que confunden la legalidad.

De hecho un grupo de juristas entre los que se encuentran los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Flores Juberías y Carlos Ruiz Miguel,  ha presentado un escrito al Defensor del Pueblo solicitando que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto del estado de alarma.  Afirman los firmantes que asistimos a «la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia” y denuncian que “el estado de deterioro que sufre el sistema de libertades por la suspensión generalizada, universal, y permanente de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución», no tiene cobertura «jurídico-constitucional en el estado de alarma» y se corresponde más con los supuestos que la Carta Magna establece para el estado de excepción.

Estado de excepción al que también se somete a la economía y a las empresas, y que ha provocado los peores datos de empleo desde 2013 en el primer trimestre, en el que no se recogen todavía los estragos del confinamiento y que eleva ya a nueve millones, más del 40 por ciento de la población activa, la cifra de españoles en situación de desempleo incluyendo a los autónomos y los afectados por los ERTE.

Un descalabro al que hay que sumar la caída del 14,3 por ciento en las ventas del comercio minorista, la mayor de la serie histórica, o la contracción del 22 por ciento -2.000 millones de euros en las ampliaciones de capital durante los tres primeros meses que revela el Gabinete de Estudios Económicos de Axesor. Y eso por citar sólo indicadores más recientes.

Nadie duda que el virus sigue ahí, que hay que actuar y trabajar con la máxima prudencia. Pero el paro y la pobreza también matan y la comparación de nuestros datos de fallecidos, contagios, test realizados, eficacia en la gestión y dureza del confinamiento con los de Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca, Portugal, Grecia e, incluso Italia, son sencillamente deplorables. Merecemos un gobierno que no nos mienta.