El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado en el Senado que el Ingreso Mínimo Vital se aprobará en uno de los Consejos de Ministros de la segunda mitad de mayo. Y espera que se puedan empezar a hacer pagos «en el mes de junio».

Este plazo retrasa la previsión del vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, que prometió el 16 de abril que se iban a «dejar la piel» para que la renta mínima se cobrase a partir de mayo.

Escrivá asegura que esta prestación eliminará «casi completamente» la situación de pobreza extrema que sufren el 20% de los hogares españoles. Se erradicará la situación «muy muy vulnerable» de estos hogares con pobreza extrema, además de «un porcentaje muy importante» de aquellos que sufren «pobreza mediana» y que están entre el 20% y el 40% de las familias.

El Ingreso Mínimo Vital se centrará «en una parte importante en las familias con niños, diferenciando por número de hijos» y también en los hogares «monoparentales».

Renta «subsidiaria» a la de las autonomías

El responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones responde así a una pregunta de la senadora de ERC Mireia Cortés sobre que este ingreso mínimo vital sea «subsidiario o complementario» de ayudas similares ya existentes en las comunidades autónomas, como la Renta Garantizada de Ciudadanía que la Generalitat puso en marcha en 2017.

Escrivá afirma que «evidentemente» la renta que prepara será «subsidiaria» a las que existan en las autonomías y que ya se ha puesto en contacto con la Generalitat. Si la Renta Garantizada de Ciudadanía puede llegar a 60.000 o 80.0000 hogares, el ingreso mínimo vital del Estado «va a ir más lejos».

Coste de 3.000 millones

El ministro estima que cuando esté plenamente operativo el ingreso mínimo tendrá un coste anual de 3.000 millones de euros, precisa en una rueda de prensa telemática desde La Moncloa.

El Gobierno está diseñando un sistema multicanal para hacer la solicitud con el objetivo de poder llegar a los más vulnerables, por lo que no solamente se utilizarán los existentes en la Seguridad Social sino los de otras Administraciones.

Sobre si la medida debe ser temporal o permanente, se ha referido a las «abrumadoras» recomendaciones de todos organismos internacionales que insisten en que España es uno de los países de la OCDE con un mayor problema de pobreza severa y una peor distribución de la renta. «Esto hay que corregirlo. No entiendo que haya apelaciones a que esto sea temporal cuando es un problema estructural», argumenta.

Precisaque el concepto de renta básica universal es distinto y conllevaría una reconsideración del Estado del Bienestar.