Por si no fueran suficientes los avisos y las correcciones a la baja que el Banco de España, la CEOE y la mayoría de analistas nacionales e internacionales a la gestión y a las proyecciones económicas del Gobierno, ahora la reprimenda viene de Bruselas, donde las previsiones de la Comisión Europea para España elevan al 9,4 por ciento la caída del PIB en este año, dos décimas por encima de las previsiones del Gobierno y cifra en 7 millones el número de parados en España a día de hoy.

Una cifra histórica que supera en dos millones de desempleados los más de 5 millones que contabiliza el Gobierno y que, sólo con los que ellos cuentan eleva a más 4.500 millones de euros el importe del pago de prestaciones por desempleo el pasado abril, como presume la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, en un alarde demostrativo de que para el Ejecutivo socialpopulista es más importante generar subsidiados a los que tener sometidos por la dependencia que crear empleo y garantizar el derecho al trabajo de los españoles que consagra la Constitución.

Lo cierto, a la vista de estas correcciones y como estamos viendo en la negociación de las ayudas de la UE, es que este gobierno no es fiable para casi nadie, y tampoco fuera de nuestras fronteras, hasta el punto de que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la propia Unión han concluido que el gobierno español les ha engañado en el cuadro macroeconómico como ha hecho con el déficit.

Y ni siquiera sus correligionarios europeos se fían de Sánchez. Ahí están las declaraciones del primer ministro sueco Steven Löfven, del ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, o su colega danés, Jeppe Kofod, socialistas todos, quienes coinciden en asegurar que “no apoyamos la propuesta española de subvenciones” y supeditan las ayudas “a cumplir condiciones exigentes de eficiencia y reembolso” y “avanzar en la consolidación fiscal”, es decir a ceder más soberanía en el control de los ingresos y del gasto público. Y no es capricho ni tampoco insolidaridad. El citado Olaf Scholz recuerda que mientras Alemania ha bajado su deuda del 60 por ciento “hay otros que no lo han hecho y parten del 100 por cien ahora”.

Aun dando por buenas las previsiones del Programa Presupuestario de las ministras Calviño y Montero, la deuda pública española llegará este año hasta el 115,5 por ciento del PIB – los analistas aseguran que pasará del 120- y el resto de indicadores nos abocan a un auténtico naufragio económico con una caída del PIB del 9,2 por ciento, un déficit público del 10,34 por ciento, una caída de ingresos del 5,9 por ciento que se traduce en 2.600 millones de euros menos y una tasa de paro que se disparará hasta el 19 por ciento superando los 4,5 millones de parados. Cifras escalofriantes que superan con creces el desastre del año 2009, en plena crisis financiera, cuando la caída del PIB llegó al 3,6 por ciento, casi tres veces menos que el previsto para este año; mientras que el déficit se elevó al 11 por ciento, la pérdida de ingresos públicos fue de 70.000 millones, casi cuatro veces menos que la estimada para 2020 y la tasa de paro cerró en el 18,8 por ciento.

Una comparación que indican casi inexorablemente a que Sánchez se verá obligado a pedir el rescate a Europa una vez pase el verano, y someterse a los recortes de prestaciones y servicios sociales, que desde Bruselas estiman en 60.000 millones de euros, equivalentes al 11,5 por ciento del gasto público en España, y que será la excusa de Podemos para hacer estallar la coalición con el PSOE al que responsabilizará en exclusiva de la ruina.

Un desastre económico al que se añade al recorte de las libertades que muchos especialistas en derecho penal y constitucional califican ya de “dictadura constitucional” derivado de las sucesivas prórrogas del Estado de Alarma al que ha dado su apoyo ahora Ciudadanos. Un partido, y su líder Inés Arrimadas, que han vendido su virginidad política y las libertades de los españoles por un plato de lentejas en forma de una vaga declaración de intenciones y que convierte a la formación naranja en colaborador necesario de un confinamiento de la democracia y del Estado de Derecho incompatible con los principios del liberalismo que ellos dicen defender.

Y es en este escenario de supresión de la normalidad democrática y legislativa en el que Gobierno de los 22 ministros – el mayor de toda la historia de la democracia- aprobaba en Consejo de Ministros, camuflado entre el plan de la desescalada, el nombramiento de 23 nuevos cargos públicos o lo que es lo mismo más amigos y enchufados a chupar de la teta del Estado. Esta es su política social.