La dirección IAG  prepara la composición de su capital para que cumpla con las normas de la UE respecto a la nacionalidad de su accionariado. Cuando acabe el periodo de transición marcado por las negociaciones entre la UE y Reino Unido sobre el Brexit, a finales de año, el grupo aéreo deberá acreditar ante las autoridades comunitarias que más del 50% de su capital pertenece a inversores comunitarios. De lo contrario sus líneas aéreas tendrán dificultades o directamente no podrán volar entre dos destinos de la UE.

En estos días se ha conocido que la entidad financiera francesa Société Générale tiene más del 5% de la matriz que agrupa a British Airways, Iberia, Aer Lingus y Vueling, a través de una adquisición que se cerró el 30 de abril por una cuantía total de 278 millones de euros. También DWS, la gestora de Deutsche Bank, ha aflorado un 3%. Si bien su primer accionista sigue siendo Qatar Airways con un 25,1% de la sociedad. 

La adaptación, aunque sea gradual, se produce cuando IAG, como todas las aerolíneas del mundo, se enfrenta a la crisis más grave desde la segunda guerra mundial por los efectos de la pandemia del coronavirus.

Con gran parte de sus aviones en tierra y un elevado porcentaje de sus empleados afectados por expedientes de empleo, las aerolíneas no resultan una inversión atractiva; de hecho en esta semana de han visto golpeadas en Bolsa por las declaraciones del inversor y multimillonario Buffet quien señaló que se había equivocado al invertir en el sector aéreo. Si esto es cierto también lo es que el debacle bursátil les lleva a cotizar en unos precios históricos mínimos.

Esta adaptación se mezcla con los planes para afrontar el efecto en sus cuentas y balance de la casi nula actividad. Lufthansa y Air France KL van a conseguir liquidez y el reforzamiento de su capital a través de ayudas públicas, pero IAG, por el momento, no está en esa situación.

Si bien Iberia que, por otro lado, intenta demostrar que tiene mayoría de capital comunitario, recibirá apoyo estatal a través de avales del ICO. Este comportamiento, que se podría calificar de asimétrico, es criticado por los sindicatos de BA, y no porque por las ayudas españolas sino por lo que consideran inacción por parte de Alex Cruz, máximo directivo de la empresa.