Después de una intervención dura, judicial, más propia de un fiscal que de un político, el líder del PP, Pablo Casado Blanco, negó el apoyo de su grupo parlamentario a la cuarta prórroga del estado de alarma que solicitó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conseguir una salida ordenada de la epidemia del coronavirus y retomar la actividad social y económica en la llamada “nueva normalidad”. Casado no ocultó su decisión inicial de votar “no” a la prórroga, aunque al ver que el Gobierno se comprometía a “cogobernar” el proceso de desescalada con los ejecutivos autonómicos (el PP gobierna en seis autonomías), cambió el “no” por la “abstención”.

El de Palencia acusó de mentiroso redomado al reo. Por cuarta vez en los cinco plenos parlamentarios celebrados durante las siete semanas y media que llevamos bajo el estado de alarma señaló que el acusado “está mintiendo” sobre el número de víctimas para escurrir el bulto de una “imprevisión dolosa” y zafarse de la “incompetencia culposa” a la que no sólo apuntan los muertos, sino también la impresionante cifra de sanitarios contagiados. Más de 40.000, subrayó.

Pero, sobre todo, elevó a definitiva la calificación de “homicido imprudente” contra el malvado Sánchez, al que leyó la “agenda judicial” que le espera tras el aluvión de demandas y querellas criminales que le han caído encima desde numerosos colectivos profesionales de la sanidad pública. No citó todavía a las víctimas de la enfermedad porque, al parecer, el jefe de la ultraderecha y antiguo compañero de partido, Santiago Abascal, les lleva la delantera en esta materia.

Luego ya, sin acabar de desprenderse de la toga, tildó de “sainete” la realización de test para conocer la evolución de la pandemia, acusó al Ejecutivo de “usar a los españoles como al perro de Paulov” en un juego de prueba y error, imputó “cesarismo” a Sánchez y le acusó abiertamente de impulsar “un programa contra la propiedad privada”. Según Casado, las leyes sanitarias y de seguridad permitirían al Gobierno ejercer el “mando único”. Pero lo que resulta insoportable, dijo, es que los Ertes y las ayudas a las Pymes y autónomos sigan vinculados al estado de alarma.

En realidad, el voto en contra o la abstención del PP a la prórroga de la suspensión parcial de los derechos constitucionales de reunión y libre circulación para preservar los superiores de la salud y la vida, resultaban ya irrelevante en términos parlamentarios (no sociales), dado que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, había comprometido el voto favorable de sus 10 diputados a la causa del Gobierno, la “desescalada” del confinamiento en las cuatro fases acordadas con los gobiernos autonómicos y “cogobernadas” con las debidas precauciones y después de asegurar unas condiciones sanitarias mínimas.

El jefe del Gobierno, que reconoció “retrasos, errores y rectificaciones” en la gestión de la crisis, subrayó la ejemplaridad de la ciudadanía, elogió el esfuerzo superlativo de los sanitarios y de los empleados públicos al tiempo que reiteró las condolencias a las familias de los fallecidos por la nueva enfermedad de la que, según los índices de infección, estamos saliendo. “La meta está cerca”, afirmó. “En la gestión de la pandemia –añadió– no hay aciertos absolutos, pero sí puede haber errores absolutos como levantar el estado de alarma y romper filas antes de tiempo”. Eso dijo. Pero eso, al judicial Casado (y al ultrapatriota Abascal), les trae sin cuidado.