Pese a las felicitaciones que está recibiendo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de sus homólogos europeos -sin ir más lejos este jueves de la propia Angela Merkel- y de las instituciones internacionales, todas las conversionaciones mantenidas con representantes de los grupos nacionalistas por parte del PSOE como el PP han fracasado. También la calle no parece entender la urgencia de una reforma que piden que primero sea sometida a un referéndum. Así las cosas, este viernes la reforma por la que el déficit público tendrá un techo en la Carta Magna, saldrá adelante con los votos de los dos partidos mayoritarios y los miembros de UPN (Unión del Pueblo Navarro).

Hasta el propio portavoz del Gobierno, José Blanco, ha admitido que al Gobierno «le hubiera gustado compartir con los ciudadanos esta decisión«, pero no parecía referirse a la posibilidad de hacer un referendum (para lo que no habría tiempo) sino a la amplia contestación que está teniendo en la calle, incluida la mayoría de las organizaciones sindicales y otras muchas asociaciones sociales, que desde que se anunció el acuerdo político no han dejado de realizar protestas.

PSOE y PP quieren que se sumen más votos a su iniciativa. Su objetivo serían los votos de CiU, aunque los nacionalistas catalanes han optado por no desvelar cuál su voto hasta el final, mientras se discutían las enmiendas en el Pleno. Lo que si han dejado claro, a través de su portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida, es que no van a ceder ante nada que «limite la capacidad financiera de Cataluña».

Con ello quería dejar sentado que no van a aceptar nada que altere el «equilibrio de poder» que la Constitución fija entre el Estado y las autonomías. Para CiU ese equilibrio es «la línea roja». Así que todo dependerá de cómo quede finalmente la redacción, aunque no comparten que sea una ley orgánica la que fije el déficit público que no se debe superar, sino que en opinión de los nacionalistas catalanes deben ser las Cortes Generales y parlamentos autonómicos los que fijen ese límite máximo con el que garantizar la estabilidad presupuestaria. De paso, también son los que pueden decidir si se realizar emisiones de deuda pública, por ejemplo.

Los votos que dan ya por perdidos los dos partidos mayoritarios del Congreso son los del PNV. Los nacionalistas vascos han presentado una enmienda sobre el derecho de autodeterminación como respuesta a la reforma de la Constitución, y como ha explicado su presidente, Iñigo Urkullo, han querido aprovechar que estaba «abierto el melón» para intentar sacar adelante una reivindicación «histórica» de su comunidad. Para los vascos la reforma no es más que un intento de los partidos mayoritarios de «uniformar» el Estado y «recentralizarlo», argumentando motivos económicos.

El rechazo más rotundo ha sido mostrado por IU, cuyo portavoz, Gaspar Lllamazares, ha asegurado que con esta reforma se «expulsa a millones de españoles de la Constitución», dado que no se les ha consultado en un referéndum para que opinen. A su juicio, por tanto, es el «bipartidismo y los mercados» los que han decidido por los españoles.

Estos mismos argumentos son también utilizados por los líderes sindicales y portavoces de los movimientos sociales (15-M, indignados…). Si bien,  Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.) además se refieren a la gravedad de la situación, ya que las relaciones en estos momentos son similares a las que existían cuando convocaron la huelga del 29-S, el pasado año. Los dirigentes sindicales acusan al Gobierno de actuar de «espaldas a la ciudadanía», mientras se «introduce la ideología» en la Constitución, una ideología que no sirve ni para reactivar la economía ni que el paro siga incrementándose.