Bromeaba yo con mi amigo José Eugenio Soriano, uno de nuestros máximos expertos en materia de Competencia, junto a Carlos Fernández-Lerga,otro buen amigo, sobre la enorme paradoja de que un liberal de cuerpo entero, como lo es Soriano, desempeñase una Cátedra de Derecho Administrativo.

La Administración Pública es una preocupación muy secundaria para mí y poca literatura tengo acreditada sobre esta cuestión. Creo que en un sistema democrático, la administración, toda administración, debe cumplir con escrúpulo e independencia las funciones que tenga encomendadas, dejando para los verdaderamente eventuales, que son los cargos políticos, las funciones que a éstos corresponden.

Sé que es casi un imposible que eso ocurra en España porque muchos políticos son a la vez funcionarios y a éstos no se les exige la renuncia definitiva de su condición administrativa cuando pasan temporadas al calor económico del sector privado o al envanecedor arrullo del ejercicio de la política. Lo que con acierto se ha denominado las puertas giratorias.

No se tome lo anterior por un desprecio de la función pública, que no lo es. He tenido ocasión de comprobar muy directamente la existencia de numerosísimos funcionarios, capaces y entregados, incluso a pesar de sus jefes políticos. En estos oscuros días que vivimos, miles de funcionarios abnegados están sobrepasando todos los límites de servicio exigibles.

Y es, precisamente por ello, por lo que me refiero a que las reformas administrativas no pueden ser caprichosas, acomodaticias u oportunistas, como ha sido la última que sirvió de pórtico a la actual estructura del Gobierno. La necesidad de un pacto político llevó a descomponer la estructura de Gobierno anterior, que no digo yo que fuera mejor, pero sí, al menos, mucho más reducida.

No voy a hablar del cuarteamiento del Ministerio de Educación, del que ya me he ocupado en otros artículos, porque ha tenido precedentes que no sirvieron para nada más que para ampliar el número de carteras o dar cabida a algún figurón popular.

Las circunstancias exigen hablar de otro ministerio que se llamaba hasta el 12 de enero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y que por mor de los pactos acabó dividido en cuatro departamentos ministeriales, verbigracia, Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030, Igualdad y Consumo.

Ya sé que a toro pasado todos somos muy listos y que lo que parecía en enero un simple enjuague político para satisfacer vanidades y mejorar la economía de algunos, a la luz de todo lo que nos viene pasando, cobra un significado mucho peor.

La estructura orgánica de estos ministerios nuevos ha exigido un desmembramiento de equipos y ha acabado con la coordinación en materias fundamentales de su competencia, que han sido evidentes en la actual crisis sanitaria. Algunos funcionarios están perplejos con el despilfarro de esfuerzos y talento que ha producido este cambio. Otros están más cerca de la indignación y los denuestos.

Es una constatación. Luego, cuando esto amaine, habrá que pensar en las exigencias.