Las empresas de los sectores más afectados por la Covid-19 que han planteado un ERTE podrán alargar esta medida de regulación de empleo hasta el 30 de junio, incluso si antes finaliza el estado de alarma. El pacto alcanzado hoy viernes fija además las condiciones para que las empresas se incorporen poco a poco a la actividad, con algunos trabajadores o con jornadas parciales, manteniendo rebajas en la cotización a la Seguridad Social.

Las cúpulas patronales y sindicales dieron hoy el visto bueno al borrador del real decreto ley que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, que marca las condiciones para las empresas abandonen gradualmente los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y vuelven a la actividad.

En torno a 3,5 millones de trabajadores, o 4 millones según la previsión gubernamental, se habrán acogido a unos de estos expedientes, allanados por el Gobierno cuando a mediados de marzo comenzó la crisis por el coronavirus.

En principio vinculados a la duración del estado de alarma, los ERTE por causa de fuerza mayor permiten a las empresas ahorrarse el pago de los salarios de sus trabajadores, que pasan a depender del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que abona al trabajador un 70% de su base reguladora, así como del pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El Gobierno, junto a los empresarios y los sindicatos, determinará ahora cuáles son los sectores que pueden permanecer hasta el 30 de junio acogidos a este sistema de hibernación, que podría además gozar de nuevas prórrogas, según especifica el pacto sellado hoy.

Reducciones de jornada o parte de contratos suspendidos

Se trata de permitir que las empresas se acoplen a la nueva situación económica que se produce a raíz de la retirada gradual de las medidas de confinamiento y el cierre temporal de negocios para luchar contra el coronavirus.

Tres situaciones podrían darse a partir de ahora. En primer lugar las empresas que deban permanecer sin acvtividad podrán seguir con un ERTE por causa de fuerza mayor, y gozarán de las mismas ventajas que tenían hasta ahora; es decir, exoneración del 75% de la parte empresarial de las cotizaciones a la Seguridad Social (en las empresas de más de 50 trabajadores), y del 100% en las de menor tamaño.

Además las empresas podrán incorporar a trabajadores a la actividad mediante jornadas reducidas. En ese caso, disfrutarán de una exoneración del 85% de la cuota de mayo, y del 70% de la de junio (en empresas de menos de 50 trabajadores), y del 60% en mayo y del 45% en junio (las de mayor tamaño).

Para ellos las empresas deberán renunciar al ERTE por causa de fuerza mayor y convertirlo en uno por causa organizativas, técnica, económica o de la producción; un proceso que se ve con este acuerdo sustancialmente allanado.

Del mismo modo, algunos trabajadores podrán continuar con el contrato suspendido, mientras otros compañeros se incorporan a la actividad. En ese caso, las empresas gozarán de una exoneración del 60% en mayo, y del 45% en junio (empresas pequeñas); y del 45% en mayo, y el 30% en junio (aquellas con más de 50 empleados).

Prohibido despedir

Se mantiene sin embargo la prohibición de despedir mientras dure el ERTE y durante los siguientes seis meses contados a partir de que el primer trabajador se incorpore al trabajo, sea a jornada parcial o completa.

Sí podrán despedir no obstante aquellas empresas a las que la crisis ha dejado al borde de la quiebra, en el conocido concurso de acreedores.

También se admite el despido disciplinario procedente, así como otras reducciones de plantilla motivas por dimisión del trabajador, muerte, jubilación, incapacidad, o por la extinción de contratos temporales.

En caso de incumplimiento las empresas deberán devolver íntegramente las cuotas ahorradas además de un recargo e intereses de demora.

CEOE insta a “cuidar” a los sectores más afectados

La cúpula de CEOE dio su visto bueno al acuerdo logrado ayer tras una maratoniana reunión, aunque con matices. Su presidente, Antonio Garamendi, afirmó que hubiera preferido sellar un acuerdo hasta septiembre, si bien confió en alargar la prórroga más allá del mes de junio.

Garamendi instó a los agentes sociales a identificar cuanto antes a los sectores más afectados por la crisis, a fin de moldear los expedientes de acuerdo a las especiales características de cada rama productiva.

“Los empresarios estamos desando incorporar a todo el mundo a trabajar, aunque va a ser difícil”, añadió, en referencia a los nubarrones que se ciernen sobre el futuro de la economía española, en especial en sectores como turismo, líneas aéreas, hostelería, agencias de viajes, tiendas o automóvil; ámbitos que el jefe de los empresarios llamó a “cuidar de forma muy especial”.