Mientras el Gobierno se empeña en seguir poniendo palos en las ruedas de la economía, los últimos en forma de cuarentenas al turismo o de prohibición a las rebajas, los indicadores macroeconómicos, que como el algodón no engañan, nos acrecientan cada día las devastadoras cifras de la catástrofe sanitaria económica y social, que se acompañan de los presagios sobre las facturas pendientes que tendremos que pagar. Los ciudadanos y especialmente los responsables directos del desastre en un gobierno, con su presidente al frente, que hoy está pagando sólo el precio de su caótica gestión de la pandemia y que se enfrenta ya a ocho querellas presentadas en los Tribunales por familiares de afectados y asociaciones profesionales, más las que anuncias sindicatos policiales, por presuntos delitos que van desde el homicidio imprudente hasta atentado contra la salud de los trabajadores.

Facturas de diversa índole y con diferentes, pero inexorables, vencimientos entre las que las más reseñables afectan al desconocimiento del número real de fallecidos y su impacto emocional en las familias, la cadena de parados, el descenso de la renta per cápita y un déficit disparado que superara ampliamente los dos dígitos. Cargos pendientes a los que habrá que añadir las fanfarrias finales del rescate con los correspondientes recortes prestaciones sociales, pensiones y salarios.

Porque, aunque lo quieran ocultar, los análisis, informes y previsiones de los analistas públicos y privados, del Banco de España y de las instituciones internacionales, emergen como la espuma y destapan las ineficacias y mentiras. Hoy sabemos que Sánchez y sus ministras económicas, que mintieron a Bruselas con el déficit ocultándoles 2.000 millones, han vuelto a mentir, una vez más aquí, cuando decían que el PIB caerá este año un 9,2 por ciento, mientras en los datos enviados a Bruselas elevan hasta el 14,3 por ciento el hundimiento. Una previsión aparece en la actualización del Programa de Estabilidad enviado a la UE, en un cuadro que toma como base de los cálculos de caída del PIB las cifras de 2015.

En esta línea, los analistas de Freemarket aseguran que la situación española llevará a la intervención económica en aproximadamente un año y resaltan que las previsiones confirman que la posibilidad del Tesoro de colocar deuda soberana en el mercado tenderá a reducirse cada vez más. Con un déficit público de dos dígitos del PIB, con una deuda por encima del 100 por ciento del PIB y con unas expectativas económicas adversas a España le costará cada vez más colocar deuda.

También Axesor, la primera agencia de rating de España, prevé que la economía se contraiga un 10,8 por ciento en 2020 por el efecto de la COVID-19, además de una caída del 8 por ciento en el consumo final de los hogares, del 26,3 por ciento en las exportaciones, y tasa de paro alcanzará el 20 por ciento al final del ejercicio.

Y para reedificar este solar al que nos abocan, el Gobierno recurre a esa Comisión para la reconstrucción social y económica que nace prácticamente muerta en cuanto a resultados, tanto por su politización como por la competencia de la mayoría de sus miembros. Mientras en Italia, el primer ministro Conte ha nombrado a un equipo de 17 expertos para la recuperación gradual de la economía, a cuyo frente ha puesto a Vittorio Colao, un economista y ejecutivo de reconocido prestigio internacional, ex consejero delegado mundial de Vodafone y del grupo editorial RSC; aquí en España Sánchez impone como presidente de la Comisión a Patxi López, sin título conocido y que hizo su carrera política de la mano de Nicolás Redondo Terreros, al que luego traicionó. Y para rematar la faena coloca como vicepresidente, Enrique Santiago, comunista ejerciente y ferviente admirador de la Venezuela de Chaves y Maduro. Pues eso, que con estos mimbres mejor que se acomode a la función de la compresa, es decir, que ni se note, ni se mueva, ni traspase.