Se necesitaría un milagro para que las derechas nacionales y por demás patrióticas renuncien a la escalada de improperios contra el “malvado” Gobierno del PSOE-UP que se permite el lujo de alcanzar acuerdos económicos sociales con la patronal y los sindicatos para mantener empresas y puestos de trabajo frente a la maldita pandemia que nos paraliza y asola. Ese milagro no llegó en el pleno del Congreso del, 13 de mayo, la Virgen de Fátima en el santoral, ni será fácil que llegue algún día, así que el cronista se limita a consignar la pertinacia.

La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, pidió la dimisión de la vicepresidenta primera Carmen Calvo. “Su coordinación del comité de seguimiento de la epidemia ha sido inútil, dimita”, le espetó. “Esto es un estado de excepción encubierto”, bramó el voxido Carlos Hugo Fernández-Roca contra la minista de Defensa, Margarita Robles. “Esto es un estado policíaco y autoritario”, le secundó el también voxido y otrora del PP Ignacio Gil Lázaro contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. “Se han apropiado de los niños de este país”, imputó el del PP Óscar Clavell a la titular de Educación, Isabel Celaá. “Mienten, engañan, se desentienden de los sanitarios”, acusó la “popular” Elvira Velasco al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ni siquiera el PNV se libró de la escalada, pues según dijo la ultraderechista Macarena Olona en su invectiva contra Illa, “está chantajeando a España” (con su intención de celebrar elecciones cuanto antes).

Al vicepresidente de lo social, Pablo Iglesias, le cayó la Teodoro, quien, una vez más, le acusó de “mentir” y “medrar a base de mentiras”, de utilizar el coronavirus para ocupar “un sillón en el CNI” (como si la comisión de control fuera capaz de controlar a los servicios secretos) y hasta de utilizar “un falso escudo social para su política comunista, bolivariana… cuando, en realidad, se ha olvidado de la gente”. Por si fuera poco, García Egea, le acusó también de “ocultar los nombres de los expertos” de los que se guía el Gobierno para adoptar sus decisiones sobre la epidemia.

Tanta pertinacia del secretario general del PP llevó a Iglesias sacar a colación el caso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien reside en el apartamento de un céntrico hotel del empresario Enrique Sarasola que cuesta 200 euros por día, 6.000 euros al mes. “Que se lo pague ella”, dijo Iglesias, consciente de que el sueldo neto de Ayuso es ligeramente superior. “¿O es de nuevo un caso de corrupción?”

El líder del PP, Pablo Casado, empleó el trazo grueso para anunciar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cuente con su “no” a la prórroga del estado de alarma y a las medidas sobe la remontada social y económica tras la congelación provocada por la pandemia. “No le vamos a apoyar para arruinar España”, le espetó después de recordar que hace diez años el joven diputado Sánchez votó a favor del recorte de 15.000 millones de euros infligido por el gobernante Zapatero a los pensionistas, empleados públicos y trabajadores, a los que “abarató los despidos”. Quiere decirse que la aportación del PP a la comisión parlamentaria sobre la llamada “reconstrucción” será todo o nada.

Sánchez recordó que la crisis financiera de 2008 y el consiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria fue muy distinta de la actual, que afecta a los sectores más competitivos de nuestro país, singularmente al turismo. Dijo que la nueva situación requiere el concurso de todos, como bien entienden los agentes sociales al prorrogar los Ertes hasta el 30 de junio (y más allá si fuere necesario, añadió después la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz), y pidió unidad política. “Nosotros estamos por la unidad y les pedimos que arrimen el hombro”, señaló.

Las derechas tienen su propio calendario político al margen del coronavirus. Esperarán a septiembre para aprovechar el daño de la pandemia e intentar derribar al Gobierno mediante una moción de censura que podría salir adelante si se apoya en la convocatoria inmediata de nuevas elecciones generales. Con esa hipótesis trabajan Casado y Abascal, debidamente aconsejados por sus arúspices Aznar y Aguirre.

Por extraño que parezca, hasta EH-Bildu tuvo una posición más constructiva. Su portavoz Oskar Matute pidió a Sánchez que no opte por una salida neoliberal a la crisis, como ocurrió en la anterior, con los efectos ya conocidos del aumento de la desigualdad, los ricos más ricos y los jóvenes, mujeres y trabajadores en general más pobres, precarios y desamparados. Sánchez le remitió al programa gubernamental y le aseguró que “el estado de alarma no es el proyecto político de este Gobierno”.