La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por dificultar a los ciudadanos el pago de impuestos a través de domiciliaciones bancarias desde cuentas en entidades establecidas fuera. Bruselas considera que es una práctica contraria a la legislación comunitaria sobre requisitos técnicos y empresariales para transferencias en euros.

La normativa vigente en España establece que un proveedor de servicios de pago (el banco) debe estar autorizado por las autoridades tributarias nacionales como «entidad colaboradora».

«En la práctica, esto es muy complicado para los proveedores de servicios de pago extranjeros. En consecuencias, estas normas impiden realmente el uso de cuentas bancarias establecidas en la Unión Europea pero fuera de España», explica la Comisión Europea

La advertencia toma la forma de una carta de emplazamiento, la primera etapa de los procedimientos europeos de infracción. España dispone ahora de cuatro meses para responder a Bruselas, que podría lanzar un ultimátum y, en última instancia, llevar el asunto a la Justicia europea si las autoridades españolas no corrigen la situación.

Espacio ferroviario único

La Comisión Europea también ha anunciado la apertura de un expediente sancionador contra España y otros dos Estados por no transponer a tiempo a su legislación nacional las reglas comunes que establecen el espacio ferroviario europeo único.

El objetivo de esta regulación es crear un marco más competitivo en el sector europeo al cubrir con las mismas reglas financieras y de control a toda la industria, así como las competencias de los organismos de control, el marco de inversiones y el acceso a infraestructuras.

La nueva legislación europea fue aprobada por los Estados miembro a finales de 2012 y tuvieron hasta junio de 2015 para transponerla a sus leyes nacionales.

Bruselas ha enviado por ello una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que es el primer paso de un procedimiento de infracción y da un plazo de cuatro meses al Estado miembro para cumplir con la legislación comunitaria.

En este caso, además de a España, el Ejecutivo comunitario ha remitido avisos similares a Eslovenia y a Croacia. Si cumplido el primer plazo las autoridades no cumplen satisfactoriamente con los cambios demandados, la Comisión podrá dar el siguiente paso que implica el envío de un dictamen motivado, último aviso antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE si no se resuelven las irregularidades.