En estos tiempos que parece que toda la información se centra en el dichoso coronavirus hay hechos significativos que acostumbran a pasar desapercibidos y que aparentemente atentan con el normal funcionamiento de un sistema que se llama democrático.

Viene esto a cuenta por la respuesta que ha recibido el diputado vasco Jon Iñarritu que ha formulado varias preguntas al ministro del Interior sobre el presunto espionaje de los agentes de los servicios de información del CNP a diversos partidos y cargos políticos. La respuesta no ha podido ser más alarmante. La respuesta de Fernando Grande Marlaska no ha podido ser más alarmante: esta información está clasificada secreta en amparo de la ley de secretos oficiales.

Es una manera de confirmar que entre las actividades del CNI figuran el seguimiento de partidos y personas. Si había alguna duda a la respuesta del ministro nos la aclara el jefe de la Guardia Civil en Catalunya, el general de brigada Pedro Garrido, quien se mostró orgulloso por el papel que hizo el Cuerpo para que los presos políticos catalanes fueran condenados y por haber puesto en mandos de la justicia “los que planteaban recurrir al terrorismo para imponer sus delirios independentistas” (en este caso parece ser que se refería a los nueve miembros de los Comités de defensa de la República detenidos el pasado septiembre y que presentaron con un gran despliegue mediático sobre la desarticulación de este grupo y la importancia del material requisado y después el tema está quedando en agua de borrajas y los presuntos “peligrosísimos” terroristas en libertad bajo fianza).

Uno se pregunta para que sirve tantas leyes de protección de datos cuando por otro lado parece que pueden espiar a los partidos democráticos y por extensión a todos los demás. Aunque claro han pasado años antes de que se detectaran las irregularidades del comisario Villarejo o los negocios del rey emérito, por pone dos ejemplos.

Ante esta situación uno tiene la sensación que los ciudadanos españoles están rigurosamente controlados y los controladores están amparados por la ley de secretos oficiales.