El Gobierno aprobará el ingreso mínimo vital en el último Consejo de Ministros de mayo, y lo podrán empezar a cobrar unos 100.000 familias, anuncia el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en una entrevista en RNE.

La renta mínima «no sufrirá más retrasos» y, aunque no comcreta cuándo podrá empezar a cobrarse, Escrivá asegura que el Gobierno trabaja para poder identificar «con bastante rapidez» los primeros hogares que podrían beneficiarse de la medida, que supondrá un gasto de entre 3.000 millones € y 3.5000 millones.

«Desde el momento en que se apruebe el Real Decreto, se podrá solicitar el ingreso mínimo vital y se reconocerá el derecho a partir de esa circunstancia», señala Escrivá.

«Estamos haciendo un esfuerzo a partir del conocimiento que tenemos de hogares que pueden cumplir las condiciones y viendo la posibilidad de hacer de oficio un reconocimiento de partidas que permitan arrancar con un número importante de familias que después puedan solicitarlo», explica el ministro.

Escrivá precisa que la identificación de los primeros 100.000 hogares que podrán beneficiarse del ingreso mínimo vital no se hará de forma inmediata pero si «con bastante rapidez». Confirma que la medida puede alcanzar al millón de hogares.

La renta mínima se cobrará «mensualmente» y «habrá un test sobre el patrimonio neto agregado» en el que se valorarán «todos los activos, menos las deudas y excluida la vivienda habitual».

El ministro admite la necesidad de poner en marcha una medida de estas características pero insiste en la complejidad para hacerlo y «evitar situaciones indeseables y de hogares espúreos que se quieran aprovecharse». «Es un proceso complejo que no se improvisa en 15 días», recalca.

Será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) quien se encargará de controlar el cumplimiento de las condiciones para beneficiarse de la renta mínima.

«El ingreso vital es el mínimo y a partir de ahí puede completarse con otras rentas subsidarias».

Escrivá recuerda que la pobreza severa es un problema estructural de España: «Desde el año 2012 el Consejo Europeo recomienda que abordemos estos temas de rentas mínimas y pondría el énfasis en que partimos de una situación no aceptable».