El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ve «muy positiva, razonable y muy ágil» la ejecución de las líneas de avales del ICO, aunque ha admitido que es «inevitable» que se produzcan problemas, y aunque la mala praxis no ha sido generalizada, reconoce que todo el crédito no ha sido concedido de manera «adecuada». También pide a las entidades financieras que no concedan crédito a empresas inviables.

Ante las preguntas de los grupos parlamentarios en la Comisión de Economía del Congreso sobre los retrasos y las condiciones y requisitos para acceder a los préstamos, responde que la medida de las garantías de avales del ICO es de las «más importantes» en la lucha contra la crisis para evitar que genere efectos permanentes y que los problemas de liquidez no acaben siéndolo también de solvencia.

El volumen de garantías concedidas a principios de mes representaba 2,2 puntos de PIB en el caso español, frente al 1% en Alemania, el 1,4% en Italia o el 2,3% de Francia, debido a que la actividad del sector bancario español está «muy ligada» con empresas y hogares.

Pese a la «enorme capilaridad» empresarial española, con «muchísimas» empresas pequeñas y medianas, ha defendido que la ejecución del plan está siendo «muy ágil» en comparación a otros países.

Pero el gobernador insiste en que los bancos «tienen que seguir haciendo un análisis de los riesgos». «No nos podemos permitir que se conceda crédito a empresas que ya sabemos hoy que no son viables, esto requiere otro mecanismo de ayuda, si es que requiere una ayuda, pero no a través de crédito bancario que acaba evidentemente explotándole al Estado, dado que hay aval de hasta el 80%, o al sector bancario, potencialmente generándonos un problema de estabilidad financiera», argumenta.

El Banco de España está trabajando para que no se produzcan problemas de conducta por parte de las entidades, ya que la capilaridad del sector bancario hace que haya «muchísimas sucursales con muchísimos trabajadores» concediendo estos préstamos, y por tanto es «inevitable» que se produzcan. Comprueba que las entidades tienen protocolos de actuación para evitar malas prácticas, e identificarlas y corregirlas si se producen.

Pero es el ICO quien «tiene la responsabilidad de chequear que esos criterios se cumplen»

El Banco de España sí tiene responsabilidad directa en el caso de incumplimientos del régimen de transparencia, por lo que «eventualmente eso podría llevar sanciones a las entidades financieras». Aunque no todo el crédito se ha concedido de manera «adecuada», tampoco se puede decir que la mala praxis sea «generalizada».

El programa de avales públicos «ha mitigado la posible reticencia de estos intermediarios a incurrir en mayores riesgos en un contexto de elevada incertidumbre y de preocupación creciente por los riesgos de crédito».

Con los datos publicados hasta el 13 de mayo, las operaciones totales formalizadas al amparo del programa de avales públicos ascienden a 371.070, de las que el 98% corresponden a pymes y autónomos. El importe de avales solicitados asciende a 36.291 millones €, que han permitido movilizar una financiación de 47.751 millones €, lo que implica un grado medio de cobertura con la garantía pública del 76% del montante de estas operaciones.

Pablo Hernández de Cos subraya que el impacto en el sector financiero de la crisis dependerá de los efectos macroeconómicos y de la duración, si bien cree que si en 2021 la economía se recupera conforme a sus previsiones, la repercusión en el sector financiero sería incluso «más liviana» que la reflejada en los últimos test de estrés.

La morosidad, que se ha mantenido en el primer trimestre en el 4,8%, con una reducción «muy ligera» en el caso de las sociedades no financieras y un ligero repunte del 0,1% en los hogares, superará el 6%. Pero esta previsión está condicionada «completamente» a la evolución macroeconómica y a la efectividad de las políticas económicas, de forma que la tasa de mora variará en la medida en que la empresas sufran una pérdida de ingresos o incluso cierren, y conforme los hogares dejen de pagar sus préstamos al consumo o se queden sin trabajo, con una posterior repercusión en las hipotecas.

El nuevo crédito a empresas crece el 50%

El gobernador del Banco de España avisa que ejercerá una «vigilancia estrecha» sobre los riesgos de la crisis del Covid-19 para la estabilidad financiera. El flujo de nuevos créditos concedidos por los bancos a las empresas registró un repunte interanual algo superior al 50% en marzo respecto al mismo periodo del año anterior.

Las medidas de contención adoptadas para frenar el contagio del Covid-19 están suponiendo un descenso «muy intenso» de los ingresos de muchas empresas, lo que ha incrementado «significativamente» sus necesidades de liquidez, que «están cubriendo en una proporción significativa mediante el recurso a la financiación bancaria».

La afectación de la cartera crediticia de cada entidad depende de su composición sectorial, y avisa de que supone un aumento del riesgo del crédito de los hogares, aunque si la crisis es temporal cree el componente hipotecario de crédito sufra tasas de mora «más moderadas».

Más allá del crédito, cita como riesgos el aumento del relativo al mercado, por la caída de los precios de los activos financieros que las entidades tienen en sus balances, y los operativos.

El peso del crédito a construcción y promoción inmobiliaria se sitúa en torno al 10%, frente al 27% que llegó a alcanzar en la crisis de 2008. A esto se suma el incremento de capital ordinario, que supone «una notable ampliación de la capacidad de absorción de las pérdidas que aparecerán como consecuencia del crecimiento de la morosidad que causará la crisis».

La crisis ha reforzado las perspectivas de mantenimiento del escenario actual de tipos de interés «reducidos», lo que «tenderá a presionar a la baja en el futuro el margen de intermediación de las entidades españolas, que, dado su tipo de actividad, constituye el principal componente de su cuenta de resultados».

Es necesario evitar que un mal uso de esta flexibilidad en las exigencias de capital conduzca a prácticas contables inadecuadas que se traduzcan en una demora en el reconocimiento del deterioro efectivo de la calidad de algunas exposiciones crediticias.