
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de cambio climático para su remisión a las Cortes para su tramitación. La iniciativa tiene como objetivo que España sea neutra en emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2050.
Para el Gobierno la transición energética y la lucha contra la emergencia climática tienen que ser los «dos grandes ejes o cimientos» sobre los que pivote la reconstrucción social de España, señala la portavoz, María Jesús Montero.
Se trata de un proyecto «para todo el país» y un «pacto intergeneracional» con los más jóvenes, a las que ha definido como las personas que «deben ser herederos de las políticas» que se apliquen hoy. «La futura reconstrucción se tiene que sustentar en el Acuerdo Verde Europeo y en la transición justa», subraya.
En 2030 se debe haber logrado una rebaja de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20% respecto a 1990. Un objetivo menos ambición que el de la Comisión Europea que se ha planteado reducir entre un 50% y un 55% las emisiones respecto a 1990.
Al menos el 35% del consumo final de la energía tendrá que ser de origen renovable y en el caso del sistema eléctrico, «al menos» de un 70%. Ya en 2050 el 100% del sistema eléctrico deberá ser de origen renovable y el consumo de energía primaria deberá ser un 35% menor.
El proyecto contempla que la movilización de inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables conllevarán que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca en torno al 1,8% en 2030 respecto al mismo escenario sin las medidas del Plan Nacional de Energía y Clima, de 16.500 millones a 25.700 millones €.
Antes del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas tendrán que informar de sus planes a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
Las administraciones locales y autonómicas deberán poner en marcha medidas para que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros en 2050 sean 0 emisores de CO2. Como paso previo, se adoptarán medidas para que los vehículos ligeros –excepto los vehículos históricos o los comerciales– reduzcan de aquí a 2040 sus emisiones para que entonces sean cero gramos de CO2 por kilómetro.
El Ministerio de Transición Ecológica añade que, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas para facilitar la penetración de estos vehículos, incluido el apoyo a I+D+i.
En las poblaciones de más de 50.000 habitantes, los Ayuntamientos deberán establecer «no más tarde de 2023» zonas de bajas emisiones en su planificación de ordenación urbana, así como medidas de mitigación para reducir las emisiones y para facilitar la movilidad a pie o en bicicleta, otros medios de transporte activo y mejorar el uso del transporte público.
En esa línea, también apuesta por impulsar la movilidad eléctrica compartida y el transporte eléctrico privado.
Se fomentará el uso de gases renovables, incluido el biogás, el biometano, el hidrógeno y no se contempla autorizar nuevos proyectos en energías fósiles. Los beneficios fiscales a los productos de origen fósil deberán estar justificados por motivos de interés social o económico.
Tampoco se contemplan nuevas autorizaciones para explorar permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos ni de fracturación hidráulica en toda España.
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