La interpretación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que interpreta que el castellano ha de ser –junto el catalán-lengua vehicular en la enseñanza en Catalunya ha levantado ampollas, unos partidos piden la insumisión (ERC); la ministra de Defensa, Carme Chacón defendió la inmersión lingüística “porque ha garantizado la cohesión social” mientras que el jefe de la oposición, Joaquim Nadal, aseguró que el PSC estará “al lado del Govern en defensa del modelo lingüístico de las escuelas catalanas”.

CiU también mostró su indignación. Josep Antoni Duran Lleida abogó por “agotar todas las vías” ante el Tribunal Constitucional para evitar lo que calificó de “ataque al corazón de sistema educativo catalán”, mientras que el alcalde de Barcelona era más contundente al señalar que “si al final tiene razón el TSJC, recurrimos y perdemos, quiere decir que las normas estatales y la Constitución que tenemos, no nos sirve”.

Desde el Govern, su vicepresidenta Joana Ortega (de viaje a Israel) aseguró que “desde el Govern defendemos nuestra lengua, que es la columna vertebral de nuestro país” y consideró que la presentación de un recurso a esta resolución “será suficiente” para resolver el conflicto. También la cosellera de Educación, Irene Rigau, recordó que el modelo de educación catalán es “un patrimonio colectivo” que ha servido para garantizar la “cohesión social”. La consellera recordó que el actual sistema “garantiza la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales” en los alumnos que finalicen la enseñanza secundaria”.

Incluso el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, consideró que la sentencia del tribunal catalán “responde a casos concretos y puntuales que se resuelven”, y recordó que el Tribunal Constitucional “reconoció que el catalán puede ser lengua vehicular en la enseñanza y lo dijo con una sentencia”.

Mientras, la comunidad educativa llama a la “insumisión” e insiste que la inmersión lingüística “no es un debate real en Catalunya, ya que sólo un reducido número de padres quieren que sus hijos sean escolarizados en castellano”.

La otra cara de la monedea la mostraron Ciutadans y el PP. El portavoz de los primeros, Albert Rivera, no sólo se congratuló de la sentencia sino que recordó que al Govern “le quedan 59 días para que tengamos un sistema educativo bilingüe, si no estamos ante delincuentes” y consideró que la sentencia representa “un triunfo del estado de derecho y de los ciudadanos ante el nacionalismo”. También la presidenta de los populares catalanes, Alícia Sánchez Camacho, anunció que su partido será muy exigente para que se cumpla la sentencia y reclamó que el “Govern deje de buscar excusas” para aplicarla: “El PP no permitir que el gobierno de CiU quiera incumplir la sentencia y no garantice el derecho de todos los catalanes” y que cumpla el plazo de “dos meses para adecuar el sistema educativo catalán a un modelo bilingüe”.

Cierre de filas

El Govern de Artur Mas ha vivido un agosto muy conflictivo. Las protestas por el cierre de los Centros de Atención Primaria por la noche (46 a principios de septiembre) ha propiciado las protestas de muchos municipios y la ocupación pacífica de estos centros por parte de los indignados afectados, mientras que el personal sanitario sigue con sus movilizaciones tanto por la reducción de personal como por el cierre de quirófanos y plantas hospitalarias.

El conseller, con sus explicaciones, sólo ha conseguido enervar más los ánimos. Si un día aseguraba que “en el Departamento no entendemos el descontento por los recortes” y llegó a acusar a determinados consistorios de “instrumentalizar la opinión de los ciudadanos” por las repercusiones del “tijeretazo sanitario”.

Otro frente abierto que tiene el Govern es el cambio, con nocturnidad y alevosía, del sistema de pago  de la Renta Mínima de Inserción (RMI). El 1 de agosto cambió el sistema de pago para el grupo de parados con riesgo de exclusión social que no tenían otra subvención (de unos cuatrocientos euros). En vez de ingresar el importe a una cuenta, enviaron un talón nominal, que caducaba a los quince días, al domicilio del afectado. Muchos de estos talones no llegaron al domicilio, otros habían cambiado de residencia.

Las explicaciones que dieron los consejeros de Bienestar Social y de Empresa y Empleo en el Parlament estuvieron muy lejos de clarificar la situación y los motivos del endurecimiento de las normas para beneficiarse de este subsidio. Las justificaciones sobre la bolsa de fraude existente en este subsidio las corroboraron con anécdotas y no con datos. La marginación de los asistentes sociales para verificar la situación de los colectivos afectados también soliviantó a estos profesionales.

Otro frente, las finanzas municipales. Muchos ayuntamientos anuncian que tendrán muchos problemas para pagar las nóminas de octubre si el Gobierno central les retiene las subvenciones que reciben del Estado a aquellos que no han presentado la liquidación el presupuesto municipal del pasado año. A parte de este punto, está la situación de grave endeudamiento en muchos municipios, las cantidades que tiene que devolver al no cumplirse las previsiones recaudatorias por la crisis y las deudas no cobradas que con ellos tiene la Generalitat.

Y ahora el inicio del nuevo curso escolar y el aumento de las horas lectivas que tendrán que impartir los profesores (amen de la reducción de plazas) propicia un nuevo frente que tendrá que afrontar la Generalitat. Por ello, la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el sistema educativo catalán le ha dado un respiro al Govern, al encontrar un “enemigo exterior común” y dejar en segundo plano los graves problemas internos que tiene en su país.