La crisis sanitaria global provocada por el virus COVID-19, y las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno para paliar sus consecuencias económicas y sociales, hacen necesario actualizar las necesidades de financiación del Tesoro. Esta revisión del programa de financiación afronta los mayores costes de los previstos por el Estado a principios de año, a los que hay que sumar unos menores ingresos como consecuencia de la contracción económica.

Ante este nuevo escenario provocado por la pandemia, el Tesoro estima una necesidad de financiación bruta para 2020 de 297.657 millones €, de los que 185.969 millones se captarán mediante Bonos y Obligaciones, 111.688 millones a través de Letras del Tesoro.

Esta cifra se corresponde con unas necesidades de financiación en términos netos (descontando las amortizaciones) de 130.000 millones, de las que el 77,7% (101.000 millones) se obtendrán a través de emisiones a medio y largo plazo y el 22,3% (29.000
millones) con instrumentos a corto plazo.

Esto supone elevar la emisión neta en 97.500 millones €, e incrementar en algo más de 100.000 millones la bruta. Estas cifras pueden reducirse si finalmente España recibe 15.000 millones € del sistema de reaseguro de empleo (SURE), y la parte que le corresponda del fondo de reconstrucción de 500.000 millones pactado entre Francia y Alemania y que está pendiente de aprobación por parte de la Unión Europea, y de otros instrumentos de financiación.

La previsión de la nueva emisión es «prudente» y realizada con margen contando con todas las unidades de gasto, y contemplando un aumento «muy significativo» del préstamo a la Seguridad Social, aún por definir, precisan en Economía.

Ya está cubierto el 48,6% del nuevo objetivo

En la vicepresidencia económica del Gobierno señalan que «tan pronto como estalló la crisis sanitaria, el Tesoro comenzó a acelerar sus emisiones, de manera que ya ha financiado 143.491 millones € en el mercado, el 48,6% del nuevo objetivo establecido para 2020«. De esta cifra,101.738 millones han sido a medio y largo plazo (54,9% del objetivo) y 41.753 millones de euros han sido en Letras (37,9% del
objetivo). «La rápida repuesta está permitiendo que la ejecución del nuevo
programa de financiación del Tesoro, a medio y largo plazo, esté más
avanzada que en 2019 en estas mismas fechas», recalcan.

El Tesoro ha introducido medidas para gestionar de la manera más eficiente este incremento en las necesidades de financiación, como aumentar el tamaño medio de las subastas o convocar subastas especiales (fuera de calendario) de Bonos y Obligaciones.

También ha recurrido en mayor medida al procedimiento de sindicación bancaria para la emisión de los primeros tramos de nuevas referencias.  El Tesoro fue pionero con la emisión de una referencia a siete años el 24 de marzo, imitada por otros muchos emisores soberanos europeos.

Destaca especialmente la sindicación realizada en abril, cuando se emitió un nuevo bono a 10 años por 15.000 millones €, el mayor importe emitido en una referencia
en la historia del mercado de capitales. Además, se obtuvo el récord de
demanda recibida por cualquier emisor público o privado para una sola
referencia, superando los 96.500 millones €.

A pesar del incremento en las necesidades de financiación y de la volatilidad de los mercados, el coste medio de las nuevas emisiones en lo que va de año es del 0,31%, y el de la deuda en circulación se sitúa en un mínimo histórico de
2,02%. Al mismo tiempo, aumentaba la vida media de la cartera de Deuda del Estado a niveles máximos, 7,74 años.

La carga anual de intereses del conjunto de las Administraciones Públicas
ha descendido en casi 7.000 millones desde 2013, hasta los 28.450 millones  al finalizar 2019. Ese año, las ratios de carga de intereses respecto al PIB (2,2%) y con
a los ingresos de las Administraciones Públicas (5,8%) se situaron en los mismos niveles que en 2004. «Por tanto, y a pesar del mayor endeudamiento de los últimos 15 años, el esfuerzo requerido para atender el pago de intereses es el mismo«, destacan en Economía.

El esfuerzo de ampliar y profundizar la base inversora ha dado frutos y los no residentes ya poseen el 50,4% de la Deuda del Estado en circulación.