Esta cifra supone las dos terceras partes del presupuesto con el que cuenta el departamento que dirige.  En la inauguración de un curso de verano de la Universidad Autónoma el ministro alertó de los «elevados» costes sociales derivados de la inestabilidad del mercado laboral, en el que un 25% de los asalariados dispone de una empleo temporal, la tercera tasa de temporalidad más alta de la UE.

En este sentido, Gómez concretó que dos de cada diez contratos temporales tiene una duración inferior a una semana, lo que da lugar, subrayó el ministro, a una «permanente» entrada y salida de trabajadores en el mercado de trabajo o a un cambio de diversos puestos de trabajo.

Respecto a la tasa de estabilidad laboral, el ministro señaló que la temporalidad de los menores de 25 años es del 59%, y que dos de cada diez contratos tienen una duración inferior a 7 días. “Esta inestabilidad provoca una elevada rotación laboral, falta de formación y baja productividad del trabajo, además de elevados costes para el sistema de protección social”, añadió.

En un repaso a las reformas impulsadas por el Gobierno en materia laboral, el titular de Trabajo intentó desmontar algunas «afirmaciones controvertidas», tales como la de vincular la evolución del empleo a la legislación laboral. Por ello, advirtió de que los tipos de interés oficiales «tienen más importancia» sobre el paro que las leyes laborales.

La evolución del empleo no se mide por la evolución de la legislación laboral, sino por el conjunto de decisiones de la economía y el sistema financiero, explicó, para después esgrimir como ejemplo de la «sobrereacción» de la economía con la destrucción de dos millones de puestos vinculados en la construcción por la crisis, así como lo que calificó de «lógico»: la reducción de la temporalidad desde 1990.

Para combatir la temporalidad, el ministró descartó que existan «soluciones mágicas», como la propuesta de un contrato único, al considerar que éste no ataca las «causas reales» de la temporalidad y tampoco acaba con la segmentación laboral. Además, dijo que de implantarlo, España sería el «único país» en contar con este tipo de contratos.

Este contrato, añadió, supondría un cambio radical en nuestro marco jurídico al eliminar la “causalidad de la contratación, reducir fuertemente el coste del despido y eliminar la tutela judicial de los despidos”. Insistió el ministro “en que un contrato único no elimina la segmentación y, al no atacar sus causas reales, la inestabilidad laboral pervivirá”.

Gómez defendió reformas «claves» más allá de la materia laboral para potenciar la competitividad, como en el sistema financiero, y no caer sólo en la moderación salarial. «El mercado laboral puede ayudar, pero tienen que haber más reformas  para ganar competitividad, no sólo en base a la moderación salarial», argumentó.

En cuanto a los cambios en los convenios, el ministro urgió a los agentes sociales a culminar un acuerdo intercofenderal que recoja la voluntariedad de la mediación y arbitraje en el bloqueo de convenios.