La oposición de derecha y ultraderecha ha pasado sin pausa, tregua ni respiro de su enorme preocupación por la pandemia del coronavirus a una sintomatología que Hipócrates describiría como cólera. En términos mentales, los jefes de filas del PP y Vox realizaron en el pleno del Congreso del 27 de mayo una exhibición de lo que Azorín llamó “el pensamiento ardilla”, ese que permite saltar de un asunto a otro, según convenga, y convierte al individuo en “accidentalista”. Y en términos de salud pública demostraron el preocupante efecto bacteriano de la mezcla de sustancias como el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos; la subida salarial pendiente a los guardias; el acuerdo con Bildu para que sus 5 diputados se abstuvieran en la quinta prórroga del estado de alarma a cuenta de la derogación de la reforma laboral, y la judicialización de la marcha feminista del 8M en Madrid.

El líder del PP, Pablo Casado, realizó el pliego de cargos contra el jefe del Gobierno (ya con corbata negra) y concluyó encolerizado: “El que sobra no es un coronel, sino el ministro”, en alusión al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Pedro Sánchez respondió: “Hacen oposición a cualquier cosa; ayer pedían una crisis por un lapsus y hoy por un cese. Actúan lo mismo que la ultraderecha, y eso es un problema para la democracia española”. El ‘número dos’ de Casado, Teodoro García Egea, acentuó el ataque: “Actúan como Bildu, son Bildu y cesan a un hombre honesto: el coronel Pérez de los Cobos”, le asestó al vicepresidente Pablo Iglesias, quien le respondió que no se suban al monte con Vox porque “eso es una posición peligrosa para la democracia española”.

En su réplica, el secretario general del PP realizó otra yuxtaposición más clara y atrevida todavía, al comparar la dimisión del jefe operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, en solidaridad con Pérez de los Cobos, con el duque de Ahumada, fundador del Cuerpo, quien prefirió dimitir a cumplir la “orden injusta” del general Narvaez, a la sazón jefe de Gobierno, de sancionar a un subordinado. “El general Ceña ha hecho lo mismo con su Gobierno: ha preferido irse a tomar una orden injusta”, dijo García Egea. La respuesta de Iglesias fue contundente: “¿Está usted llamando a la insubordinación de las  Guardia Civil? ¿Es consciente de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia”, advirtió al PP.

La guinda colérica correspondió a la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, quien utilizó su interpelación al Gobierno sobre “los acuerdos políticos con el nacionalismo radical” para afirmar que Pablo Iglesias es el “burro de Troya de la democracia y el embajador de ETA (ya no existe) en el Gobierno”. El vicepresidente, que aludió a la condición de marquesa de la interpelante, se quedó pasmado cuando Álvarez de Toledo le soltó: “ya que menciona mi título, usted es hijo de un terrorista”. Iglesias se dirigió entonces a Casado y le dijo: “Volver a las posiciones que os dieron origen no sólo puede ser muy perjudicial para vuestro futuro, sino también para nuestro país”.

Populares y voxidos esgrimieron la versión de que el ministro Marlaska cesó al jefe de la comandancia de Madrid, el “héroe” del 1-O como mando único de la fuerza encargada de impedir el referendum en Cataluña, el estratega de la lucha contra ETA, el coronel Pérez de los Cobos por negarse a entregar al Gobierno el informe solicitado por una juez para actuar contra el delegado del Gobierno en Madrid al no prohibir la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora ante la declaración de la pandemia. Hasta siete diputados cargaron contra el ministro, al que cubrieron de mierda y pidieron su dimisión. Marlaska negó la mayor: el cese del coronel obedece a la nueva configuración del equipo. Explicó por activa y por pasiva que el pago del tercer tramo del desfase salarial de los guardias no es una cortina de humo, sino un compromiso plasmado con anterioridad al cese en el texto de un decreto. Sostuvo no conjuga ni conjugará jamás la palabra injerencia. Y mantuvo el derecho a nombrar y cesar cargos en razón de la eficacia.

Con independencia de que el informe judicial para imputar y procesar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, esté plagado de errores, imprecisiones y testimonios falseados, la oposición de derecha y ultraderecha insiste en incriminar al Gobierno por el coronavirus, tal como sus jefes Casado y Abascal vienen anunciando desde hace un mes. Ayer Vox anunció querellas contra la directora general de la Benemérita y el secretario de Estado de Seguridad. Ahora, además, han encontrado en el cese de un coronel y la dimisión de un general seis días antes de la jubilación un motivo superior de tensión y desestabilización, alentando el malestar y las dudas entre los mandos del instituto armado.