Apuntes para entender nuestro Sistema Nacional de Salud y mejorar sus prestaciones

28/05/2020

Fernando Díaz Pérez, de IMC Group.. La gestión del SNS se podría optimizar con tecnología.

Es evidente que una de las fuentes principales de lo que denominamos Estado del Bienestar lo constituye el cuidado de la salud. Mucho hablamos últimamente sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS), por razones evidentes, y aplaudimos el coraje y la entrega de sus profesionales. Sería un buen homenaje tratar de entender algo mejor su entramado e historia, aunque fuese con unas simples pinceladas, y ofrecer algunas ideas para optimizarlo.

Viajemos más de un siglo atrás. El punto de partida de las políticas de protección se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales de 1883, encargada de estudiar cuestiones que interesasen a la mejora y bienestar de la clase obrera. Ya en 1908 se constituye el Instituto Nacional de Previsión (INP) con los ambiciosos fines de “difundir e inculcar la previsión popular, especialmente la realizada en forma de pensiones de retiro”. El INP fue básicamente un ente gestor de seguros sociales, pero el de mayor entidad y más larga vida hasta la fecha, pues no en vano duró hasta 1978.

En 1929 se implanta el Seguro de Maternidad. En 1932, el aseguramiento del accidente de trabajo, creado 30 años antes, se hace obligatorio para todas las actividades. Tras el conflicto, ya en 1942, se establece el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) en el que los profesionales sanitarios se regían por el método de las igualas: los médicos cobraban según un cupo de familias, en función del número de cartillas que tuvieran adscritas. Este modelo tenía una diferencia muy significativa en comparación con otras fórmulas europeas, y este es un detalle de importancia: se creó una extensa red de ambulatorios donde se realizaba la mayoría de las consultas médicas y de las intervenciones quirúrgicas menores, lo que luego llamaríamos CMA (cirugía menor ambulatoria).

El acceso a los especialistas era a través de una visita previa al médico general que actuaban como filtro al sistema (algo que no ha cambiado demasiado) y si el médico lo creía conveniente derivaba a algún especialista de su cuadro. Nunca hubo copagos. Tampoco un sistema de cita previa, simplemente al llegar se pedía “la vez”.

Imagen: unsplash.com.

La Ley de Seguridad Social de 1966 constituyó la puesta en práctica de lo que resulta la base de nuestro actual modelo, pronto modificada por la Ley 24/1972, dando lugar al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 que se mantendría durante veinte años. Finalmente sería en 1994, como consecuencia de múltiples reformas, cuando se aprobaría otro texto refundido de los anteriores y que aún está vigente.

Sanidad en democracia
En 1977 se crea el primer Ministerio de Sanidad y el año siguiente el organismo gestor de las prestaciones sociales se desdobló en múltiples entidades: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Instituto Nacional de la Salud (Insalud), el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) como servicio común, correspondiendo al Insalud la gestión de la asistencia sanitaria.

En 1978, se creó también la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, con el objetivo de lograr que un médico fuera la figura central del sistema. La intención era extender a los consultorios el elevado nivel que se había logrado con el sistema de residencia conocido como MIR.

A nivel laboral, el personal más relevante es el denominado estatutario, que sigue estando regulado por disposiciones anteriores a la Constitución del 78. Este marco estatutario es rígido y deja poco campo de maniobra para movilizar sus recursos humanos, uno de nuestros problemas crónicos.

A fines de 1997 se aprobó el informe para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud, en cuyas conclusiones se establecía que era preciso impulsar la autonomía en la gestión, configurando de modo autónomo los centros asistenciales. En esa línea, la Ley 15/1997 sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del SNS no excluye ninguna forma jurídica para la gestión de centros sanitarios, siempre y cuando tengan titularidad pública y mantengan el mismo carácter de servicio.

A partir del año 1986 se realiza la transformación de un Sistema de Seguridad Social (modelo Bismarck) de financiación de los servicios sanitarios por medio de cuotas de empresas y trabajadores, a un modelo Beveridge, con financiación estatal a través de los impuestos y de los presupuestos generales del Estado.

Tras las transferencias, cada comunidad autónoma realiza la planificación y gestión de los servicios sanitarios de su territorio siguiendo las directrices, pero con la posibilidad de variar la cartera de servicios. El organismo gestor es la correspondiente consejería de sanidad, encargada de confeccionar un servicio de salud propio. Todas las comunidades autónomas (CCAA) dividen el territorio en áreas sanitarias, siendo cada una de ellas autónoma y pudiendo establecer sus propios planes de salud.

Desde el punto de vista de la financiación, todos los gastos sanitarios públicos (a excepción de las mutualidades de funcionarios, como Muface) se cubren con el dinero recabado por los impuestos y presupuestos generales del Estado. Existe copago farmacéutico. La cobertura es universal, incluyendo indigentes y población inmigrante. Los funcionarios pueden optar libremente a la asistencia dentro de la asistencia pública del SNS o por la asistencia sanitaria privada, a través de aseguradoras concertadas que también ofrecen cobertura complementaria que se contrata para paliar las listas de espera.

Las deficiencias y el futuro
Es posible que no sea necesario efectuar una devolución de competencias, como se escucha cada vez más, pero sí se hace necesaria una profunda transformación en la coordinación entre organismos estatales, autonómicos y locales, que asegure un auténtico SNS común y minimice las diferencias territoriales. Vayan algunas ideas en este sentido:

♦ Reforzar el Fondo de Cohesión Sanitaria para garantizar una calidad semejante en las diferentes CCAA, así como un catálogo de servicios sanitarios unificado.

♦ Disponer para todo el territorio de una tarjeta sanitaria única (real o virtual), que permita el pleno acceso al sistema en igualdad de condiciones.

♦ Muy unido con lo anterior, pero algo más complejo: unificar los distintos sistemas de historia clínica electrónica de los servicios autonómicos, para favorecer la compatibilidad. El objetivo es evidente: acceder a la historia clínica de un paciente al margen de su residencia habitual.

♦ Incrementar el uso de la tecnología en el tratamiento de patologías crónicas, gestión socio sanitaria de mayores y avanzar hacia una sanidad preventiva menos centrada en los agudos.

♦ Racionalizar el gasto farmacéutico, concentrando los esfuerzos en la educación y la prevención, centralizando compras, unificando criterios y aprovechando rendimientos de escala en la negociación.

♦ Elaborar listados de indicadores asistenciales homogéneos para todos los centros hospitalarios, públicos y privados concertados, que permita conocer y evaluar la gestión.

♦ Y por último y no menos importante, fomentar la Atención Primaria, dotándola de medios profesionales y materiales, auténtico futuro de una Sanidad que tiene hasta el momento en la catedral del Hospital su centro, cada vez más inadecuado para la nueva demografía.

Fernando Díaz Pérez, director del área de Sector Público en IMC Group.

Fernando Díaz Pérez es director del área de Sector Público de IMC Group (@IMCGroup_), firma proveedora de servicios, soluciones y productos de tecnología y consultoría. Presentes en Europa y Latinoamérica, con más de 200 profesionales, IMC Group ayuda a sus clientes a optimizar sus sistemas de información

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