La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, reconoce que las negociaciones para sacar adelante el fondo europeo de recuperación van a ser «muy complicadas», pero cree posible «tener un acuerdo en julio».

En declaraciones a TVE, insiste en que la propuesta de la Comisión Europea es «muy ambiciosa» y de enorme importancia, tanto desde el punto de vista cuantitativo como político.

Es una «muy buena base y un punto de partida», porque «está a la altura de lo que necesitamos», insiste Nadia Calviño, que destaca que la propuesta recoge demandas de España: financiación con deuda europea, no de los Estados miembros, y reparto      del dinero en función del impacto de la pandemia en cada país.

Examen de la Comisión Europea y de los demás países

Otra advertencia sobre el fondo europeo de recuperación llega desde Bruselas, donde el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, han dado más detalles sobre este instrumento. Las estrategias nacionales que envíen los Gobiernos para acceder a los recursos del plan estarán sometidos al examen de la Comisión Europea y también del resto de países, que podrán pedir modificaciones e incluso rechazar las reformas planteadas si consideran que no cumplen con las recomendaciones y prioridades comunitarias.

«Al final será la Comisión Europea quien tomará la decisión de aprobar no los planes nacionales, pero los Estados miembros tendrán que estar de acuerdo o rechazarlos antes de que la Comisión pueda avanzar», avisa Dombrovskis.

El acceso al Fondo será «voluntario» y se basará en «las prioridades nacionales», explica Gentiloni.  El proceso comenzará en abril de cada año, cuando los países trasladen a la Comisión Europea un documento con todos los detalles de las reformas e inversiones que desean realizar con cargo al fondo de recuperación. Los Gobiernos también podrán enviar una versión preliminar en octubre del año anterior, junto con sus borradores de Presupuestos.

En estos documentos, los Estados miembros tendrán que argumentar cada reforma y explicar por qué contribuirán a fortalecer el crecimiento económico, la creación de empleo o la cohesión social. También deberán especificar qué medidas estarán destinadas a contribuir a la transición climática y a la digitalización del país.

Los planes deberán detallar un calendario indicativo sobre la implementación de cada reforma (hasta un periodo máximo de cuatro años, siete en el caso de las inversiones), los objetivos intermedios que después se utilizarán para desbloquear el desembolso de los distintos tramos de las ayudas, y el coste estimado de cada reforma.

Una vez recibidos los planes nacionales, la Comisión Europea los examinará, en un proceso en el que también participará el resto de países. Bruselas tendrá que responder a las solicitudes en un plazo máximo de cuatro meses, tanto si aprueba la estrategia como si la rechaza.

El comisario de Economía garantiza que la Comisión Europea analizará los documentos siguiendo «criterios transparentes»: vigilará que aborden «con eficiencia» las deficiencias identificadas en el marco del Semestre europeo, que contribuyan a fortalecer el crecimiento económico y la cohesión social, y refuercen «significativamente» las transiciones ‘verde’ y digital.

Como el foco estará puesto en las recomendaciones por país que la Comisión Europea publica anualmente, el análisis incluirá la senda de consolidación fiscal prevista, una vez se reactiven las normas fiscales que ahora están suspendidas por la pandemia.

Si el  plan nacional cuenta con el visto bueno de los Estados miembros y de la Comisión Europea, ésta adoptará una decisión en la que quedarán fijadas cuestiones como la cuantía de la ayuda (sea transferencia o préstamo), las reformas e inversiones permitidas, su calendario de adopción y los objetivos intermedios a cumplir para ir desbloqueando los distintos tramos del desembolso de los recursos.

El proceso no terminará con la decisión final de la Comisión Europea, ya que ésta tiene que comprobar que se han cumplido todos los objetivos para permitir desbloquear un nuevo tramo de inyección del Fondo. Si considera que no se han alcanzado, Bruselas puede suspender la ayuda hasta que el país afectado tome las medidas necesarias. Si pasados tres meses el Estado miembro sigue sin hacerlo, la Comisión Europea puede incluso llegar a cancelar el pago pendiente.

«El camino hacia un acuerdo final será difícil»

Reto Cueni, economista senior de Vontobel AM, señala que «aunque la cantidad del fondo de 750.000 millones es menor que la anterior propuesta de Von der Leyen de 1 billón €, es superior a  la iniciativa franco-alemana de 500.000 millones». «A pesar de que se trata de un paso positivo para establecer un nuevo fondo de recuperación, ahora se desencadenará la polémica sobre el tamaño y la naturaleza del apoyo financiero de la UE a los países periféricos más afectados. Los debates más candentes se centrarán en el uso de subvenciones, que no tendrán que ser devueltas, y en cómo reducir la impresión en ciertos países de que se trata de un próximo paso para mutualizar la deuda o incluso para una unión fiscal», advierte este experto.

«Seguimos esperando que los jefes de Estado se pongan de acuerdo sobre un fondo de recuperación por valor de unos 750.000 millones € que incluirá subvenciones y préstamos.  Aun así, sigue existiendo un riesgo considerable de que países financieramente conservadores como los Países Bajos, Austria o Suecia bloqueen un acuerdo generoso. El camino hacia un acuerdo final será difícil y podría asustar a los mercados de vez en cuando, ya que los diferentes parlamentos nacionales también tendrán que dar su asentimiento. Un veto para utilizar subvenciones directas o vender deuda emitida por la Comisión Europea sería un fuerte mensaje negativo para los mercados financieros de que cualquier integración futura de la UE y la zona del euro está, al menos durante años, fuera de la mesa. Aumentaría la posibilidad de una mayor disociación entre el sur, más débil económicamente, y el norte, más fuerte», añade Cueni.

Por su parte, Alvise Lennkh, subdirector de Finanzas Públicas de Scope, cree que el Fondo será un instrumento importante para mitigar el impacto económico de la crisis de Covid-19 y podrá «tener relevancia macroeconómica para los países más afectados por la crisis».

«El balance entre transferencias y préstamos refleja el debate delicado entre los Estados miembros. Un uso productivo de estas transferencias podría estabilizar los niveles de deuda pública y, por lo tanto, reducir potencialmente los riesgos para los ratings soberanos. Aquí la clave serán los criterios para poder acceder el fondo, lo que determinará el monto para cada país, así como los posibles programas y proyectos para los cuales se podrá utilizar las transferencias de este instrumento», explica este experto.

El proceso de toma de decisiones para finalizar la creación del fondo requerirá el voto unánime de los 27 Estados miembros de la UE. Alemania ostentará la Presidencia del Consejo durante el segundo semestre de 2020, por lo que le tocará finalizar las negociaciones sobre el fondo de recuperación en el contexto de unos Presupuestos de la UE significativamente revisados para 2021-27. «Veremos si existe la voluntad política de poner en marcha un fondo de importancia macroeconómica como el que la Comisión Europea ha propuesto», señala Lennkh.