Cuando el fanatismo se asienta en el ánimo de los seres humanos, dejan de lado la sensatez y la capacidad de discernir para convertirse en esclavos de su propio sectarismo. La gestión de quienes nos gobiernan no debería analizarse con la actitud de un hooligan. El poder ejecutivo dirige un país y toma decisiones que competen al futuro de los españoles en ámbitos de actuación claves para su desarrollo. Un partido político no es un clan ni un equipo deportivo. Depositar una papeleta en una urna no equivale a un salvoconducto en blanco hacia las siglas elegidas; la actitud crítica del votante tendría que anteponerse a la euforia partidista por el bien común.

Por tales motivos y tras una nefasta gestión del Gobierno de la crisis del COVID19, los españoles tienen que exigir responsabilidades en vez de jalear unos colores. Los hechos objetivos son demoledores. Improvisación, contradicciones, incompetencias, material defectuoso, intermediarios de dudosa credibilidad, comisiones desorbitadas, deslealtades, incoherencia en las cifras de fallecidos, número alarmante de sanitarios contagiados, un índice de mortalidad por habitante sobrecogedor, desconcierto gubernamental, caos en las residencias de ancianos, autónomos desamparados, nula adaptación fiscal para el contribuyente ante una situación excepcional -imposibilidad de trabajar por emergencia sanitaria-, ertes impagados, paro disparado, economía destruida, dos motores del país como el turismo y la hostelería, dinamitados -y despreciados públicamente por un ministro-, las restricciones de libertad más severas de nuestro entorno, prórrogas del estado de alarma de dudosa constitucionalidad, utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para fines partidistas, flagrante manipulación en los medios de comunicación públicos, pactos alevosos con los herederos de Bildu/Batasuna y un creciente descrédito internacional del país.

A tan desolador balance se suman, en el transcurso de las últimas horas, injerencias en una investigación en curso, presiones a jueces y fiscales, posible obstrucción a la justicia interceptando informes judiciales, destituciones que parecen purgas o el intento de desprestigiar instituciones muy valoradas. Y lo que podría interpretarse como un chantaje retransmitido en directo a la Guardia Civil: aprobar una equiparación salarial pendiente el día que estalla un escándalo protagonizado por el ministro del Interior… Hay un grave problema de fondo, formas y tiempos. No se puede castigar a quien acata las órdenes de un juez, menospreciar la dignidad del Cuerpo y desairar la inteligencia de los españoles. La concatenación de escándalos en el transcurso de esta crisis es tan ignominiosa, que los que surgen diariamente van difuminando a los anteriores en la memoria colectiva. La pasividad de la oposición tampoco ayuda.

Pero ahora la gravedad de lo acontecido está por encima de ideologías porque nos encontramos ante una posible conducta delictiva, no un rifirrafe político. Al Gobierno se le resquebrajan sus pilares de contención y el estallido puede arrasar lo que encuentre a su paso. Ni hay tantos peones para sacrificar ni sus acólitos se van a inmolar por Sánchez e Iglesias. Terminarán devorándose los unos a los otros en una jauría atroz, previa expiación de sus dislates, mentiras y traiciones. Porque la Justicia es lenta e imperfecta, pero implacable. Grande-Marlaska lo sabe mejor que nadie.