Según fuentes de la compañía y del organismo presidido por Alberto Lafuente, «hemos presentado un escrito ante la CNE en interés de la seguridad jurídica de nuestras actividades reguladas y estratégicas. Entendemos que la operación puede afectar a la Función 14».
Por su parte, las fuentes de la CNE explican que el escrito ha llegado al regulador este mediodía e indican que el regulador dispone de tres meses para responder al mismo.
En la nueva versión de esta Función 14 de la CNE, incluida en la Ley de Economía Sostenible, se alude a la obligatoriedad de empresas extracomunitarias de solicitar autorización al regulador cuando compren participaciones superiores al 20% o significativas en grupos energéticos nacionales.
Tras recibir el escrito, el regulador podrá iniciar un análisis interno del caso y, bajo supervisión de un consejero, elevar el asunto al consejo de administración del organismo para que este se pronuncie acerca de la conveniencia de pedir a la petrolera mexicana la presentación de solicitud.
Por otro parte, fuentes del sector señalan que Pemex podría comunicar en breve, previsiblemente esta semana, la adquisición del 0,4% de Repsol con el que habrá completado la compra de un 5% adicional a su actual participación del 4,8%. De esta forma, habrá alcanzado el 9,8%, que sindicará con el 20% en posesión en Sacyr.
En su acuerdo con Sacyr, Pemex, que está controlada por el Estado mexicano, coincide en la nececidad de hacerse con una representación «acorde» con su participación en el capital social de la compañía. Pemex y Sacyr consideran que Repsol «no está valorada adecuadamente» y se comprometen a adoptar las medidas tendentes a que el mercado reconozca su «verdadero potencial».
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