España pertenece a la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986. El próximo 12 de junio se cumplirán 35 años de la firma de nuestra adhesión y se han producido muchísimos avances. España se ha modernizado y poco a poco se fue quitando la lastra de 40 años de retraso económico y social y hasta de libertades. Y ahora pertenecemos al núcleo duro hasta ser la cuarta potencia económica europea. Pero faltaba algo vital para igualarnos, una renta mínima. La tienen los países nórdicos, pero también nuestros vecinos Francia, Italia y Portugal, además de Alemania y Países Bajos.

Y si algo ha caracterizado a la Unión Europea es su marcado carácter social, el estado de bienestar que se da a sus ciudadanos. La renta mínima vital no es más que otro de los instrumentos para que los hogares que menos ingresan o no ingresan nada puedan tener una renta con la que cubrir sus necesidades básicas.

Ahora en España se podran tener en cuenta todas las casuísticas posibles, de ahí que dicha renta oscile entre los 461 euros hasta los 1.015 euros mensuales. El Gobierno ha fijado el umbral económico para subsistir (1.015 euros) y, a partir de ahí, concederá la renta, porque en cada casa la situación es diferente: desde los hogares monoparentales hasta aquellos con dos adultos con más de dos menores hay una cantidad variopinta que el Ejecutivo ha intentando acotar en 12 tipos diferentes.

Desde el ministerio que dirige José Luis Escrivá se estima que la ayuda media podría alcanzar los 313 euros mensuales por hogar, ya que entiende que en la mayoría existe algún tipo de ingreso que los técnicos cifran en 700 euros de media.

La aprobación de esta medida ha puesto en evidencia que muchos hogares españoles cuentan con unos ingresos por cada miembro de 230 euros al mes o euros y, con ello, desde el Estado lo que se quiere paliar es la precaria situación del hogar, no de cada uno de sus miembros. En esta situación se encuentra la nada despreciable cifra de 850.000 hogares, o lo que es lo mismo 2,3 millones de personas.

El primer paso para la concesión de esta renta mínima viral irá dirigida a 100.000 hogares, que no tendrán que hacer nada para solicitar la ayuda porque ya están identificados en las bases de datos del Estado. El resto, hasta los 850.000, deberán solicitarla a la Seguridad Social, o bien a través de los ayuntamientos.

El beneficiario deberá tener entre 23 y 65 años, residir en España, ser solicitante de empleo y seguir un itinerario de inserción. Además, todos los miembros del hogar deben haber solicitado todo el tipo de prestaciones a las que tienen derecho. Sus ingresos, por adulto, deben ser de menos de 461 euros mensuales y deberán pasar un test de renta y patrimonio que confirme sus ingresos. En definitiva, tener acreditada su situación de vulnerabilidad a través de una tarjeta social digital.

Dicha renta tendrá carácter indefinido mientras se mantenga su situación de necesidad y se cobrará a finales de mes.

El coste de esta medida será de 3.000 millones de euros anuales para las arcas del Estado, y serán compatibles con otras ayudas que la comunidad o el ayuntamiento donde se reside pueda conceder.