Oxfam Intermón califica de histórica la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV). “Es un primer paso con el que el Estado español empieza a devolverle a las rentas bajas una deuda adquirida con años de protección social regresiva —las familias con mayores ingresos reciben más prestaciones que las que menos—, ineficiente e ineficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, explica Liliana Marcos, experta en políticas públicas y desigualdad de la ONG.

Pero será insuficiente para cubrir a los más de cuatro millones de personas que se encuentran en situación de pobreza severa. “Tal y como está concebido, no va a cubrir a todas las familias y personas que lo necesitan. Hemos calculado que con 6.000 millones al año, la sexta parte de lo que costó rescatar a la banca, sí se lograría el objetivo de acabar casi por completo con la pobreza severa en España», añade Liliana Marcos. «Nos gustaría que el IMV quede abierto a ampliaciones futuras”, recalca.

Oxfam Intermón pide a las comunidades autónomas que, tras la aprobación del IMV, modifiquen sus rentas mínimas para llegar a familias que queden excluidas de la prestación estatal, o para establecer complementos como ayudas por hijos o hijas a cargo, ayudas al alquiler y otras modalidades.  Y un compromiso explícito de las administraciones autonómicas de no reducir el presupuesto de 1.500 millones que actualmente dedican en conjunto a las rentas mínimas.

La ONG reitera además que las familias migrantes con niños y personas solicitantes de asilo que lo necesiten deben acceder a este derecho, independientemente de su situación administrativa. “Nos alegra que el Gobierno haya incluido colectivos migrantes especialmente vulnerables como las víctimas de trata, pero no hemos escuchado mencionar a familias con menores y solicitantes de asilo. Esperamos que estos dos colectivos figuren en el texto del Real Decreto Ley”.

“Creemos que no tiene sentido excluir a niños y niñas que van a desarrollarse en nuestro país y a aportar a nuestra sociedad española; no garantizar igualdad de oportunidades para esta infancia es desperdiciar su talento”, concluye Marcos, que continúa reclamando una regularización extraordinaria masiva  de personas en situación administrativa irregular.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 28.000 ONG, habla de hito histórico, porque España está ahora más cerca de los países de la Unión Europea (UE) en cuanto a niveles de protección social. Su presidente, Luciano Poyato, destaca que este instrumento tiene un impacto de carácter social sin precedentes y que beneficiará a las personas más vulnerables, pero también la inclusión y la cohesión social.

El IMV es “fundamental” para abordar la pobreza severa, y reclama el máximo nivel de cobertura posible para que en la reconstrucción social nadie quede atrás. Poyato muestra su preocupación por si esta renta mínima no llega a todos los colectivos que lo necesitan y, por tanto, pueden quedar excluidos de protección social.

El presidente del Consejo de la Juventud de España, Manuel Ramos de la Rosa, cree que el Ingreso Mínimo Vital «puede ser la herramienta para evitar la precariedad y asegurar una vida digna». «Nos alegramos de que el Real Decreto contemple realidades como la de las personas jóvenes que comparten piso, pero es un gran error dejar fuera a personas por debajo de los 21 años. Este corte de edad deja fuera a jóvenes trabajadores precarios, a personas que acaban de abandonar pisos tutelados y otros colectivos. Esperamos que en un futuro se pueda rectificar o surja una ayuda que pueda cubrir esta necesidad», precisa.

En un comunicado conjunto, UGT y CCOO destacan que «es una reclamación histórica de ambas organizaciones» y su puesta en marcha «completa uno de los vacíos de cobertura de la red de protección social» de España. Piden que se mejore su regulación durante su trámite parlamentario, y debe ser acompañado de la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa de CCOO y UGT, avalada por 710.000 firmas para una Prestación de Ingresos Mínimos «que lleva parada en el Congreso cuatro años».

«Una renta que refuerza el Estado de Bienestar y es un hito social en la lucha contra la pobreza», subrayan los dos sindicatos, que han pedido un seguimiento permanente por parte de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, con un desarrollo de los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo.

Además, sostienen que debe ser independiente del cobro de otras prestaciones asistenciales y del subsidio por desempleo, con el fin de proteger a todas las personas que peor lo están pasando debido a esta pandemia.

El sindicato USO aplaude la puesta en marcha, «aunque tardía», del Ingreso Mínimo Vital. «Es oportuno que se tome en este momento, cuando ha crecido y crecerá aún más la pobreza en los hogares», porque «el empleo y su deterioro está detrás del empobrecimiento de la sociedad».

«Es un error hablar de esta renta como de caridad. Hay que darles herramientas formativas para volver al mundo laboral. Muchos ya estaban fuera de este mercado por los efectos de la digitalización. No se les puede dejar caer», insisten en USO. «Hay que apostar por políticas de formación y empleo, y por crear a largo plazo una estrategia nacional de empleabilidad basada en la digitalización, la I+D+i y la economía verde. La normativa laboral está obsoleta y ha sido el caldo de cultivo perfecto para no poder amortiguar un golpe tan inesperado», añaden.

El PP reprocha la falta de coordinación con las autonomías

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, recrimina al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe el ingreso mínimo vital sin coordinarse con las comunidades autónomas y recalca que el futuro de los españoles tiene que pasar por crear puestos de trabajo y no por una renta mínima como única garantía de futuro.

Cree que el IMV es una «imitación» de las medidas que el PP ha aprobado y está gestionando en comunidades autónomas. Y defiende la propuesta de Pablo Casado de crear «una tarjeta social que englobe todas las ayudas de las Administraciones locales, autonómicas y nacionales», incluida la renta mínima «por transparencia, por responsabilidad y para evitar las duplicidades que pueden impedir que los ingresos lleguen a todos aquellos que lo necesitan».

Gestha cree que supone el 46,8% de lo que se necesita

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que los 3.000 millones € que costará la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aportarán el 46,8% del importe total necesario para que en España cuatro millones de personas salgan de una situación de pobreza extrema.

En este sentido, lo ven como un primer paso, y sostienen que las comunidades autónomas tendrán que reordenar las rentas mínimas de inserción y las ayudas de asistencia social que conceden a personas vulnerables para complementar el IMV y alcanzar los 6.405 millones necesarios.

Recuerdan que España un penoso sexto lugar en el ranking de la pobreza extrema en la Unión Europea (5.014 euros al año de ingresos). Y que temen que aumenten significativamente las personas que viven en situación de pobreza severa como consecuencia del coronavirus, después de que el número se haya ido reduciendo desde el máximo alcanzado en 2015.

En Gestha aclaran que para el cómputo de los ingresos para percibir el Ingreso Mínimo Vital no se restarán las becas, las ayudas por vivienda o de emergencia, los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción u otras ayudas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas. Y que tampoco se computarán las prestaciones por el VIH, las pensiones como consecuencia de la Guerra Civil, las indemnizaciones por daños personales, las prestaciones por acogimiento de personas con discapacidad y las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.

En cambio, restarán del IMV las prestaciones por actos de terrorismo, las indemnizaciones por despido, las anualidades por alimentos (que deberán ser exigidas en caso de impago), las prestaciones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente de clases pasivas, las prestaciones por maternidad o paternidad, y las indemnizaciones para compensar la privación de libertad, entre otras.