Decía el malogrado Michael Robinson que cuando los aficionados al fútbol conocen el nombre los árbitros es malo para el fútbol. Algo parecido podríamos decir de los encargados de administrar justicia. Ahora muchos sabemos , con nombres y apellidos, que hay jueces progresistas y otros muy conservadores, así como fiscales, con lo que su parcialidad, en principio, se puede poner en entredicho, así como responsables de los cuerpos de seguridad cuyos informes son de una veracidad más que dudosa.

Hace un tiempo, cuando uno se veía implicado en un proceso judicial, era habitual que los afectados expresaran su confianza en las actuaciones judiciales. Hace tiempo que esta fe ha desaparecido y muchos tienen como mínimo la sensación que en el mundo judicial hay dos varas de medir.

Cuando las consecuencias las sufrían los sospechosos habituales, bien fueran vascos o catalanes, mucha gente lo aplaudía. Cuando las protestas han afectado a otros colectivos la sensación ha cambiado

Y la confianza ciega que parecían tener muchos jueces en los frecuentemente sesgados atestados policiales se ha cuestionado cuando dichos informes afectaban a altos cargos del Gobierno y la filtración del texto ha puesto en relieve que el atestado era una verdadera chapuza cuando algunos han puesto el grito al cielo. Otros, sin embargo, les salían llagas en las manos aplaudiendo la actuación policial.

Con el actual estado de crispación es difícil mantener la ecuanimidad de unos y otros, pero para ello el estado paga el sueldo a los funcionarios policiales y judiciales. Desde hace tiempo se habla de la judicialización de la política pero se calla que también existe la politización de la justicia y si la división de poderes siempre ha sido una bonita expresión que queda bien en cualquier sitio, lo que ahora algunos se cuestionan es quien tiene realmente el poder, los elegidos por las urnas o un sistema judicial que con sus decisiones cada vez invade más terrenos que son de la política.

La tarea de reformar profundamente tanto el sistema judicial como la de los servicios secretos va siendo urgente para recuperar la credibilidad. Empezando por dotar de medios a la administración de la justicia, sobran legajos y burofaxes y faltan ordenadores e internet con fibra óptica. Además hay que revisar profundamente tanto el método de elección como la actuación de la cúpula judicial que se ha convertido en un poder fáctico sin que nadie lo controle. La vida política está en estos momentos muy crispada y la lucha contra el coronavirus parece primordial, pero algunos aprovechan este combate para tratar de ganar en los tribunales lo que no pudieron hacer en las urnas y lo han convertido en una arma para derrocar al actual gobierno. No hace falta hacer encuestas para saber que buena parte de la sociedad identifica -con razón o sin ella- tanto los cuerpos policiales como el poder judicial con unos partidos muy determinados.

Los socialistas parece que tienen miedo a mandar y ello les hace reticentes en abrir un nuevo frente para reformar estas instituciones. Es evidente que en política si actúas puedes perder pero si no lo haces pierdes seguro y en estos momentos parece que algunos colectivos están por encima del mandato de las urnas y se han convertido en unos peligros poderes fácticos sin ningún control democrático.