La industria española del plástico lamenta su ‘demonización’ y reclama diálogo para evitar la pérdida de empleos

02/06/2020

diarioabierto.es.

La industria española del plástico, agrupada en la Plataforma Española del Sector de los Plásticos ha lamentado la «demonización» de este material por comportamientos incívicos y ha reclamado «diálogo fluido» al Gobierno ante una propuesta normativa que puede acarrear la pérdida del 40% de los 90.000 empleos directos que proporciona el sector en España.

En declaraciones a Europa Press tras la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) y el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, Es Plásticos, que está integrada por ANAIP, AIMPLA y Ciclopast, ha añadido además que en la actualidad «la mayor parte de alternativas al plástico pesan más y, por tanto, generan más residuos y consumen mucha más energía en su fabricación».

La directora general de Cicloplast, Isabel Goyena, en nombre del sector ha destacado que durante la pandemia los plásticos han demostrado hasta qué punto son útiles y salvan vidas. «Desgraciadamente, están siendo demonizados por la imagen de los residuos abandonados y que por tanto no son gestionados, siendo en ocasiones originados por ciertos
comportamientos inadecuados que hacen que estos productos acaben en el medio ambiente», lamenta.

De hecho, insiste en que el hecho de que se abandonen no es un problema del tipo de producto sino del comportamiento incívico
sino del comportamiento incívico. Sin embargo, ante la futura aprobación de una legislación que prevé reducir su consumo en todos los ámbitos reclama que como cualquier otra transición industrial esta también «debe ser justa» y no debe acometerse adelantando plazos sin ser acordados con el sector.

«La pandemia que estamos viviendo ha afectado y seguirá afectando muchos aspectos de nuestra sociedad y también afectará a la viabilidad o no de la implementación de estas medidas», comenta.

No obstante, el sector muestra su apoyo al objetivo de la propuesta de la ley de reducir los residuos abandonados en el medio ambiente y para fomentar la economía circular, pero considera que las medidas propuestas no son las más adecuadas.

Por ello, como parte «afectada» reclama un «diálogo fluido con las autoridades» no solo por el impacto que la nueva regulación va a tener en el sector, sino por su experiencia y conocimiento profundo de las cuestiones técnicas que deben tenerse en cuenta para una adecuada transposición de la legislación europea.

En este contexto, Goyena critica que la ley resulta de la implantación de las Directivas marco de Residuos y de Plásticos de un solo uso. Respecto a la segunda, lamenta que la evaluación de impacto realizada por la Comisión Europea realizó estimaciones «generalistas» que no entraban en detalle sobre el impacto en el empleo e incluso admitía «lagunas de información» en cuanto a la producción de los objetos afectados a nivel europeo.

Además, denuncia que «en ningún momento durante la tramitación de la legislación se ha realizado un análisis sobre este impacto social negativo por las instituciones porque se trata de una «Directiva express» realizada en tres meses, mientras que otras Directivas «de menor envergadura» como por ejemplo la Directiva de Bolsas de Plásticos de 2015, se aprobaron tras un estudio realizado durante dos años.

También considera «desproporcionados» los objetivos como la reducción del 70% en 2030 de los envases, por lo que advierte de que el empleo del sector se verá «muy afectado». En ese contexto, ha añadido que el sector da empleo directo de calidad a más de 90.000 personas, empleo indirecto e inducido a más de 255.000 y muchas de ellas se verán afectados. De hecho, calcula que se podría reducir el empleo directo en un 40% de aquí a 2030.

Por ello, opinan que la economía circular consiste en reintroducir de nuevo los plásticos en los productos y generar empleo y riqueza en el país, pero alerta de que estos objetivos supondrán la destrucción de empleo y la pérdida de competitividad de España respecto a otros países.

«La pandemia provocada por la Covid 19 ha demostrado que es fundamental y necesario que España tenga un sector industrial potente que pueda hacer frente a todas las necesidades sin depender tanto de la producción exterior. Por tanto, ahora más que nunca, es momento de
reconstrucción y no de la desconstrucción. Se puede y debe apoyar el tejido industrial a la vez que se cuida el medio ambiente», añade.

Así, hace hincapié en que la contribución del sector durante la pandemia a prestar soluciones a las administraciones públicas, profesionales médico-sanitarios, a todos los profesionales al servicio de los intereses colectivos y a la población general.

A nivel económico, añade que la mayoría de las empresas del sector son PYMES con una media de 20 empleados, pero con una fuerte inversión en tecnología y con una amortización de maquinaria y equipos entre 6 y 12 años. Por eso insiste en que «cualquier acortamiento» de los plazos establecidos en la directiva es «trascendental».

Por ello, asegura que el sector está buscan nuevos productos que encajen con la directiva y con la EEEC y en la actualidad prueba nuevas soluciones en el ámbito de los plásticos reutilizables, reciclables, con contenido reciclado, compostables. «Siempre que nos movamos en el ámbito de los materiales plásticos la industria tiene capacidad de modificación, con inversiones y tiempos asumibles. No así un cambio de material, que supondrá el cierre de muchas empresas, que no puedan asumir el cambio», comenta.

Por último, respecto a las alternativas al plástico reclama que sean evaluadas desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, que se base en el ciclo de vida de los productos. «Desde el sector, sólo pedimos que se evalúen las alternativas siguiendo estos criterios objetivos, algo que consideramos se debería haber estudiado rigurosamente antes de aprobar las medidas de la Directiva SUP y tomar decisiones desde el rigor técnico y científico», exige.

Finalmente sobre el impuesto al plástico, recuerda que en la práctica estos productos «ya están pagando un punto verde por su gestión» y si se le añade ahora un pago adicional, repercutirá en el consumidor. «Es un pago discriminatorio y que subirá el coste de la compra al ciudadano. Por otra parte, se ha anunciado otro impuesto al plástico, lo cual supondrá un tercer coste, también para el ciudadano», concluye Goyena.

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