Esta ley catalana de estabilidad se ap0robará al margen de las cifras que fije la ley orgánica estatal sobre este particular que en breve aprobará el Congreso de los Diputados para fijar el techo de endeudamiento de las administraciones fijado en la reforma constitucional.

Mientras el Parlamento catalán ha llamado a consultas a los senadores que representan a esta comunidad autónoma la víspera de la sesión que en la Cámara Alta va a votarse la reforma del artículo 135 de la Constitución, el portavoz del gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, ha anunciado que en la reunión de hoy del Consell Executiu, se han iniciado los trámites para la aprobación de una ley catalana de estabilidad prespuestaria “para no estirar más el brazo que la manga”.

Homs asegura que la ley catalana será «totalmente constitucional» pero como se aprobará antes que la ley orgánica estatal, formalmente no se pueden conocer las cuantías que concretará, por lo que el Govern aprobará esta ley de forma totalmente independiente. «En derecho no se puede tener en cuenta una normativa que no existe«, ha asegurado Homs, quien ha indicado que según establece el Estatut, concretamente el artículo 214, le corresponde a la Generalitat establecer los límites y condiciones que debe marcarse para lograr el objetivo de la estabilidad presupuestaria.

«Nadie nos debe dar lecciones y menos quienes han actuado con irresponsabilidad», ha dicho en relación al PP y PSOE por su incapacidad a lo largo de la legislatura de cerrar acuerdos. «Iremos a la nuestra como ya estamos haciendo, en la línea de ajustar el gasto a los ingresos», ha asegurado el portavoz del Govern después de que se haya aprobado la memoria del texto.

El Gobierno catalán ya había expresado su rechazo formal a la reforma de la Constitución y se había mostrado especialmente contrario a que el Estado se haya reservado una capacidad de endeudamiento superior a la de las comunidades autónomas (0,26% para el Estado; 0,14%, para las comunidades y cero para los Ayuntamientos). Para el gobierno de Artur Mas, esa proporción es socialmente “injusta” porque son las comunidades autónomas las que asumen el mayor esfuerzo en financiar los servicios que sostienen el Estado de bienestar.

Homs lamenta que “al final, las administraciones que tenemos más competencias sociales somos las que debemos cumplir más déficit”. En ese contexto, Homs ha recordado que la Generalitat tiene previsto aprobar lo antes posible una ley de estabilidad presupuestaria que fije el techo propio del déficit catalán, al margen de lo que establezca la ley orgánica que el Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar para fijar las cifras de déficit.