En su doble estrategia de desviar la atención sobre sus mentiras y nefasta gestión de la pandemia y de evitar que prosperen las múltiples querellas presentadas por organizaciones profesionales y de afectados por el COVID contra miembros del Gobierno y altos cargos socialistas, el Gobierno ha puesto a trabajar a la Fiscalía del Estado, a la que ha politizado en su beneficio y controla a través de la actual titular y exministras del sanchismo, Dolores Delgado. Y así, después de meses sin dar señales de vida en un fin de semana nos abruma con tres escritos en los que denosta y ultraja a la juez que investiga las manifestaciones del 8-M en Madrid, que rebaja la petición de penas contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y remite al Supremo la investigación por presuntos delitos de corrupción contra el Rey Emérito, Juan Carlos I.

Tres decisiones que, las dos primeras pretenden eludir las responsabilidades propias y plegarse a las condiciones de sus socios catalanes en la coalición Frankestein, mientras que la tercera parece ocultar un ataque directo a la más alta institución del Estado, a la Corona, en consonancia con las pretensiones y las intrigas del ala podemita del Gobierno que utiliza su presencia en el Ejecutivo para ir minando todos los instrumentos que aseguran la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.

Si el Rey Emérito ha delinquido debe responder por ello. La igualdad ante la Ley también le incumbe, pero hay que recordar que, igual que el PSOE o el PP no son partidos corruptos, aunque haya habido algunos corruptos en sus filas, tampoco la institución monárquica es responsable de las posibles irregularidades de algunos de sus miembros. Y menos aún el actual Rey, Felipe VI, quien no sólo ha actuado con total ejemplaridad y respeto a la legalidad, sino que ha tomado decisiones dolorosas como la de apartar a su padre de la vida pública, desvinculándose de sus negocios ante notario, renunciando a su herencia y retirándole la asignación que tenía fijada en los Presupuestos.

Pero, además, hay que recordar que sobre las actuaciones que se imputan a D. Juan Carlos, no existen indicios evidentes de delito, que el juez ya había archivado el caso, y que las acusaciones que se vierten sobre él responden a las declaraciones de una mujer que traicionó la confianza que habían depositado en ella. Declaraciones que fueron grabadas sin consentimiento por el ex comisario Villarejo, ese al que el partido del Gobierno y sus socios consideran el máximo exponente de las “cloacas del Estado”, además de que el Rey Emérito también tiene derecho a que se le aplique el principio de presunción de inocencia que consagra nuestra Carta Magna.

Decía el que fuera presidente socialista, Juan José Laborda, en una reciente entrevista que “la democracia es incompatible con considerar al rival como enemigo. Todo esto nos lleva al populismo y a la pérdida de calidad democrática” Un escenario este de  deterioro este de la pérdida de calidad democrática y de las instituciones donde el extremismo populista se mueve como pez en el agua, máxime si como ocurre ahora, cuenta con la complicidad, deliberada o no, de los partidos constitucionalistas, a quienes arrastran en su propósitos de crispación, de división y de destruir la  libertad, reconciliación y convivencia que representan la Transición y el régimen democrático del 78, principios, valores y sistema de libertades del que el máximo exponente y garante es la Corona.

Y es, más que curioso, sospechoso que quienes ahora acusan a otro de golpistas sean socios de esa coalición Frankestein que sostiene al Ejecutivo y en la que sí hay formaciones que promovieron el golpe de estado del 1 de octubre en Cataluña y que tienen en sus filas a dirigentes por ello condenados en un juicio celebrado con las máximas garantías democráticas y del Estado de Derecho.

Un recurso este de buscar un enemigo externo empleado por todas las dictaduras, de cualquier naturaleza y condición desde los más remotos tiempos de la historia y que para Pablo Iglesias y sus acólitos sería la oportunidad de justificar su asalto al poder. Es por esto que si Sánchez, su persona y su mentor Iván Redondo fueran la mitad de lo avispados que dicen y pretenden ser deberían saber que las armas las carga el diablo y recordar a ese otro Pedro, el de la fábula de Prokófiev, que de tanto engañar con la llegada del lobo, al final se quedó solo y sin defensas cuando el cánido vino de verdad. Y quién esto escribe sabe bien de lo que habla porque vivió la intentona del 23-F en el Congreso y todavía siente escalofríos cuando recuerda tan execrable episodio de nuestra reciente historia.