No llevará la firma patronal. La ampliación de los ERTE, ambicionada por empresarios, sindicatos y Gobierno, se complica a última hora. Antonio Garamendi, presidente de la patronal, ha acusado hoy al Ejecutivo de no presentar “ningún papel” con vistas al cierre de la negociación, previsto el próximlo lunes, que permita dar prorrogar este escudo anticrisis para las empresas y el empleo.

El Ejecutivo pretendía aprobar el próximo martes una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en su actual concepción, frente al coronavirus. Y abrió para ello una mesa de negociación. Sin embargo, el jefe de la patronal, Antonio Garamendi, ha censurado hoy la estrategia negociadora del Gobierno. Y ha añadido que “es muy difícil” alcanzar un acuerdo que permita extender las condiciones de los ERTE hasta el 30 de septiembre.

“Todavía en este momento no tenemos papeles del Gobierno. Los de la CEOE están, los de sindicatos están. Pero no he visto ningún papel del Gobierno”, ha ilustrado el jefe de la patronal en la línea con sus declaraciones toda la semana.

De fondo emerge la pugna por controlar esta herramienta que permite a las empresas pequeñas ahorrarse los salarios y las cuotas de sus trabajadores incluidos en un ERTE por causa de fuerza mayor – algo menos en el caso de las más grandes – y cuya evolución ahora que se aproxima el fin del estado de alarma, los empresarios desean pilotar.

CEOE no oculta que su intención es dotar de mayor flexibilidad a estas herramientas. Si bien, los sindicatos, favorables a la prórroga, se han mostrado contrarios a estos ‘ERTE a la carta’ que permitirían a los patronos más facilidades a la hora de afectar o desafectar a cada trabajador incluido en un expediente de regulación.

El esquema de incentivos diseñado por el Gobierno para transformar los ERTE motivados por el coronavirus estimula a las empresas a incorporar trabajadores, con rebajas en el pago de las cuotas.

Sin embargo, este esquema no acaba de gustar a los empresarios, que han arrancado, a través de aclaraciones de la Seguridad Social, una mayor flexibilidad por ejemplo a través del cómputo por centros de trabajo, en lugar de empresas, lo que ha permitido incorporar algunos trabajadores mientras otros (de la misma empresa, pero de distinto centro) se han mantenido en ERTE por causa de fuerza mayor; algo que en principio no iba a estar permitido.

Abultada factura

De fondo late además un problema económico. El coste de los ERTE para el Estado ronda los 5.000 millones de euros al mes entre los salarios abonados por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en forma de prestación por desempleo y las cuotas dejadas de percibir por la Seguridad Social, su principal sustento.

Pero además una segunda disputa perturba la negociación. Los empresarios, con CEOE al frente, desean a toda costa mantener las herramientas facilitadas por la reforma laboral para abaratar salarios y rebajar las condiciones de trabajo pactados en los convenios, como método para que las empresas puedan sortear la crisis.

Sin embargo, los sindicatos urgen al Gobierno a eliminar las prebendas concedidas a los patronos por la reforma laboral de 2012, y restablecer, como dicen, “el equilibrio” en las negociaciones que empresarios y trabajadores llevan a cabo y que se plasman en miles de convenios colectivos.