El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a otras 13 personas por los presuntos delitos de extorsión, descubrimiento y revelación de secretos investigados en la pieza separada número 6 del ‘caso Tándem’, denominada ‘Pintor’.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que el 8 de junio solicitó que concluyera esta parte de la investigación sobre el encargo que habrían realizado los empresarios Juan y Fernando Muñoz a Villarejo, en prisión provisional. Así, ya son tres piezas separadas de una veintena del caso las que ya han terminado de investigarse.

El magistrado propone juzgar a Villarejo, su hijo, su abogado Rafael Redondo, los empresarios Juan y Fernando Muñoz, al policía jubilado Antonio Bonilla Martínez, al subinspector de la Unidad Central de Apoyo Operativo Javier Fernández Pérez y al miembro del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel González Escobar; a los abogados José Luis García González y Ricardo Álvarez-Ossorio Fernández; y los detectives Elisa Gabán González, Nuria Morales Castro, Gervasio Cañabete Mesas, Juan Manuel León Leiva, José Luis García González.

Los hechos que han originado esta pieza se centran en la contratación que realizaron los hermanos Muñoz a principios de 2017 de los servicios de José Manuel Villarejo para conseguir información de un exsocio que se había declarado insolvente ante una reclamación de un millón y medio de euros de Hacienda en concepto del IVA. Al declararse insolvente, toda la reclamación se dirigía exclusivamante frente a Fernando Muñoz.

El juez relata a lo largo de 11 páginas que Villarejo, con la colaboración de varios de los miembros de su entramado empresarial denominado Grupo Cenyt, proporcionó a Juan y Fernando Muñoz «diversa información sensible y de acceso restringido» del exsocio y de su abogado, el exjuez Francisco Javier de Urquía, «a cambio de 20.000 euros, precio que se abonó en efectivo y sin dejar ningún rastro documental».

El objetivo de esa contratación ilícita era localizar activos patrimoniales del exsocio investigado para evidenciar el «carácter ficticio de la situación de insolvencia», y obtener «debilidades» del abogado, como medida de presión para forzarles a aceptar condiciones o acuerdos económicos favorables para los Muñoz.

Para lograr su cometido, el comisario usó presuntamente un vídeo de contenido sexual que grabó al entonces juez en Marbella en connivencia con el traficante de armas Monzer Al Kassar, y que ofreció a los empresarios a cambio de un precio asegurando que era obra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El juez explica que para obtener la información sensible, Villarejo, su hijo y su abogado Rafael Redondo se sirvieron de los servicios de una detective y de funcionarios de Policía que realizaron accesos ilegítimos a bases de datos policiales.

Los letrados de los hermanos Múñoz, Ricardo Álvarez Ossorio Fernández y José Luis García González, recibieron «el material sensible para mostrárselo a su colega y conseguir de esa forma el pacto que se buscaba», indica el auto. Añade el magistrado que los investigados «no habrían llegado a utilizar toda esta información reservada».

La actividad contratada a Villarejo «iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives», constatándose que José Manuel Villarejo y Rafael Redondo ofrecieron a sus clientes un servicio dirigido a solventar «una situación de crisis, que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones de carácter reservado y confidencial».