Durante la presentación del Manual práctico de fiscalidad de la propiedad inmobiliaria, editado por la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, afirma que “la fiscalidad inmobiliaria –que incluye desde la adquisición del suelo hasta la transmisión de la vivienda, pasando por la construcción de la misma– es excesiva y provoca un encarecimiento final del coste de la vivienda».

El Consejo General  plantea una revisión global de los tributos ligados a la construcción de vivienda, derogar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, porque “no es razonable que en siglo XXI se siga pagando, cada vez que se va al notario, ese tributo, que se abona hasta en siete ocasiones en un mismo proceso productivo”.

El Manual, en cuya elaboración ha participado Jaume Menéndez, vocal del Consejo Directivo del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas–pone en evidencia que el 17% del precio que paga un comprador por la adquisición de vivienda corresponden a impuestos.

Valentín Pich insiste en que «actualmente existe una sobreimposición en relación a los inmuebles, que hace que un mismo bien sea objeto de gravamen por varios tributos, como es el Impuesto sobre la Renta, sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y solo por el hecho de tenerlo en propiedad”. “Cuando se transmiten los inmuebles se grava de nuevo con diferentes figuras impositivas, que son objeto de recaudación por las diferentes administraciones públicas, tributos estos que, en algunas ocasiones, se han puesto incluso en entredicho desde hace tiempo, como es el caso del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, añade.

El presidente de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Joan Ràfols, ha señalado que “nos encontramos con el fin de conseguir una mayor equidad fiscal, ante la necesidad de racionalizar la estructura fiscal aplicable a los inmuebles dada la presión y dispersión tributaria desencadenada por la potestad tributaria desarrollada en los tres niveles de gobierno, estatal, autonómico y local”.

Miquel Morell, miembro del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consejo General de Economistas, destaca que “con el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2007, la renta bruta familiar de las familias se vio seriamente castigada, entramos en un escenario de mayor desigualdad y menores rentas”.

El decano del Col.legi d´Economistes de Catalunya, Anton Gasol, resalta “la necesidad de incluir la vivienda dentro de los componentes del Estado del bienestar, ya que la necesidad de residencia es esencial y fundamental para la persona humana de cara a su bienestar”. «En un escenario económico de tipos de interés bajos, las Administraciones Públicas deberían plantearse seriamente tener un papel más activo en la promoción directa de vivienda asequible».