El Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas de España– ha remitido a los Ministerios de Economía y de Justicia un documento en el que han definido 10 propuestas concretas sobre la gestión de las insolvencias empresariales en nuestro país.

Este decálogo se ha elaborado ante la próxima trasposición de la Directiva de Insolvencia, y porque los efectos económicos de la pandemia producirán graves problemas de tesorería en muchas empresas.

Según se expone en el documento, entre los factores que impiden que los procesos concursales en España no terminen de ser una vía efectiva para resolver la crisis empresarial se encuentran el que la insolvencia se considere un estigma para el empresario y acuda al concurso demasiado tarde con unas condiciones económicas muy negativas. Las soluciones alternativas al concurso –la segunda oportunidad, acuerdos de refinanciación y mediaciones concursales– se utilizan muy poco. Y  el ámbito de las insolvencias esté excesivamente judicializado

Las propuestas del Refor son:

1. Es el momento de legislar de urgencia (Real Decreto Ley) aprovechando el Texto Refundido de la Ley Concursal)y que el legislador obtenga el máximo de consenso de todos los agentes implicados.
2. Potenciar a los economistas expertos en reestructuración e insolvencia en consonancia con la transposición de la Directiva y su Insolvency Practitioner
3. Formar un conjunto homogéneo de institutos preconcursales con el mismo sistema de mayorías e intentar “aplanar la curva” del número de casos que precisarán de negociación facilitando ganar tiempo para negociar si las partes así lo desean.
4. Facilitar soluciones concursales de continuidad a deudores que, a pesar de su insolvencia, el valor de su negocio sea superior al de su liquidación.
5. Apostar porque la mediación concursal se convierta en el procedimiento más utilizado para la reestructuración de deuda también para pymes y agilizar trámites del concurso consecutivo para la rápida incorporación del deudor a la economía.
6. Establecer, en base a la exigencia de prevención derivada de la transposición de la Directiva de Insolvencia, un Test de Solvencia que debería ser obligatorio para todo empresario incorporándolo junto con la memoria en las cuentas anuales.
7. Replantear la sección de calificación del concurso para clarificar causas objetivas de cara a responsabilidades económicas, inhabilitación o delito
8. Reducir los costes de la liquidación con mecanismos que permitan y obliguen a concluir con la máxima celeridad posible y eviten la depreciación de activos
9. El sistema judicial es básico para dar solidez a todas las opciones reclamadas. Cabe plantearse sobre el mismo, sistemas de comunicación electrónica eficiente y medidas organizativas de urgencia para ganar en eficiencia.
10. Una vez minimizados los efectos de la pandemia en el gasto público, deberá tratarse con voluntad la reducción de los privilegios del crédito público en los procesos de reestructuración e insolvencias en línea con la recomendación del Fondo Monetario Internacional de julio de 2014