La AIReF defiende cambiar la regla de gasto y que los ayuntamientos gasten superávit

16/06/2020

diarioabierto.es. "¿Cómo es posible que en este momento estemos pensando en el cumplimiento estricto de la regla de gasto?", se ha preguntado Cristina Herrero.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha defendido este martes en el Congreso a no aplicar la regla de gasto a los ayuntamientos y que estos puedan utilizar los remanentes de tesorería acumulados en sus sucesivos superávit, hasta no incurrir en déficit, y ha reclamado cambiar los criterios de diseño, planteamiento y medición de la regla de gasto.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en su comparecencia ante la Comisión para la reconstrucción del Congreso

En su comparecencia ante la Comisión para la reconstrucción social y económica de la Cámara Baja, Herrero cree que es «un error» que las entidades locales se queden al margen de la cláusula de salvaguarda contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para Administración central y comunidades autónomas en situaciones de crisis pues, tal y como está redactada, «se les condena a que tienen que estar sí o sí a una posición de reequilibrio presupuestario».

Eso sí, ha señalado que «nada se dice» en la ley sobre cómo aplicar la regla de gasto, cuya exención le parece bien, pues considera «un ejercicio de ciencia ficción» estar debatiendo en estos momentos la conveniencia o no de su aplicación.

«¿Cómo es posible que en este momento estemos pensando en el cumplimiento estricto de la regla de gasto?», se ha preguntado Herrero, apostando por poder utilizar esos remanentes de tesorería, pero atendiendo a la «limitación del marco constitucional», en referencia al artículo 135 sobre equilibrio presupuestario.

En todo caso, ha señalado que, una vez se supere esa necesidad de aumentar el gasto público, ese nivel de gasto no debe consolidarse a la hora de aplicar la regla, para lo cual ha pedido cambios en el planteamiento, el diseño y la medición de esta regla fiscal, que cree que «fue objeto de una redacción insuficiente» en la propia Ley de Estabilidad y que, por ello, considera que «ha dado margen a interpretaciones equivocadas, tanto de diseño como de implementación».

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