Los funcionarios con cargas familiares y aquellos que tengan patologías que aconsejen evitar el riesgo de contagio de la Covid-19 podrán teletrabajar cuatro días a la semana en la Administración General del Estado (AGE), según el acuerdo alcanzado hoy por el Gobierno y los sindicatos, del que se ha desmarcado Comisiones Obreras (CCOO).

La resolución sobre teletrabajo firmada por la secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, ordena la vuelta del personal público en la Administración central a partir del próximo 21 de junio, en que acaba el estado de alarma, hasta que se declare superada la crisis sanitaria de la Covid-19, informa el ministerio de Función Pública.

Solo podrán teletrabajar hasta cuatro días a la semana los empleados incluidos en los colectivos prioritarios; esto es, mayores de 60 años, diabéticos, embarazadas, enfermos de cáncer en tratamiento, inmunodeprimidos, hipertencos, tal y como determinó la guía publicada por el ministerio en abril; así como aquellos que muesten necesidades de conciliación al tener a su cargo menores de 14 años, o personas mayores, dependientes o con discpacidad, afectados por el cierre de centros de carácter residencial y centros de día, destaca hoy el ministerio.

Sin embargo, este colectivo vulnerable o con cargas familiares deberá desempeñar al menos una jornada a la semana en su centro de trabajo, añade hoy el acuerdo.

El resto del personal de la AGE verá limitada el número de sus días de teletrabajo a una jornada a la semana, según recoge el documento. En este caso, a la hora de establecer turnos, gozarán de prioridad los trabajadores vulnerables o con cargas familiares pero que, por la naturaleza de sus funciones, no puedan acogerse a la modalidad no presencial de trabajo en la Administración General del Estado.

El teletrabajo en la Administración General del Estado tendrá carácter voluntario y determinará en cada centro directivo a fin de garantizar la correcta prestación del servicio a los ciudadanos.

En los casos en que ambos progeniores sean “empleados públicos en activo”, afirma el ministerio, no podrán disfrutar ambos de “forma coincidente” de las medidas sobre teletrabajo.

En cuanto al público, el Gobierno mantiene la obligación de concertar una cita previa cuando sea necesaria la atención presencial, si bien se priorizará la atención telefónica y telemática, según recoge el acuerdo.

El público que acuda a las oficinas deberá pedir cita previa, y se limitará el aforo, entre otras medidas de higiene y prevención para atenuar los riesgos contra la salud.

El acuerdo amplía además hasta las 21.00 h el horario de apertura de los centros de trabajo allí donde las necesidades del servicio así lo aconsejen. Todo ello con la idea de flexibilizar la jornada de trabajo a fin de evitar concentraciones excesivas en las oficinas.

Se suspenden además los viajes y las reuniones, que se sustituyen por la asistencia telemática.

Por su parte, las pruebas selectivas “continuarán su tramitación y ejecución ordinaria”, si bien se “incentivará” la utilización de medios telemáticos para las pruebas de examen y los ejercicios de lectura.

CCOO se desmarca del acuerdo

El acuerdo sobre el teletrabajo durante la nueva normalidad en la Administración General del Estado (AGE) es fruto del diálogo entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CIG; mientras que CCOO, el otro gran sindicato, se ha desmarcado del documento, informan fuentes de esta última central.

CCOO rehúsa firmar el acuerdo al echar en falta una regulación del teletrabajo, al menos una primera aproximación, así como normas para el cómputo de la jornada y la fijación del tiempo de descanso y desconexión.

Además, CCOO acusa a la Administración de “recortar el salario” del personal público al no facilitar a estos medios de trabajo, como ordenadores, con los cuales realizar el trabajo, ni prever una compensación económica por estos gastos que deben asumir los trabajadores.

El sindicato aplaude definición del colectivo vulnerable o con cargas familiares, que podrá teletrabajar hasta cuatro jornadas a la semana, si bien lamenta que este límite no se amplíe hasta el máximo, es decir, cinco jornadas semanales.

Finalmente, CCOO lamenta la falta de vigilantes de seguridad en las oficinas donde se va a atender al público.