«Resulta oportuno armonizar a escala de la Unión los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible, a fin de eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior por lo que respecta a la captación de fondos para proyectos de sostenibilidad», señala el Reglamento que han aprobado el Parlamento y el Consejo para crear un marco que facilite las inversiones sostenibles.

Esta norma modifica el Reglamento 2019/&2088 y establece que los Estados miembros y la Unión «utilicen un concepto común de ‘inversión medioambientalmente sostenible’ a la hora de establecer requisitos a nivel nacional y de la Unión, que los participantes en el mercado financiero o los emisores deberán cumplir a efectos del etiquetado de los productos financieros o las emisiones de renta fija privada que sean comercializados como medioambien­talmente sostenibles».

Al mismo tiempo, «a fin de no perjudicar los intereses de los inversores, los gestores de fondos y los inversores institucionales que ofrezcan productos financieros deben revelar de qué modo y en qué medida utilizan los criterios aplicables a las actividades económicas medioambientalmente sostenibles para determinar la sostenibilidad medioambiental de sus inversiones», señala el nuevo Reglamento.

Para ello, señala que «con el fin de determinar la sostenibilidad medioambiental de una actividad económica precisa, debe confeccionarse una lista exhaustiva de los objetivos medioambientales»: la mitigación del cambio climático; la adaptación al cambio climático; el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos; la transición hacia una economía circular; la prevención y control de la contaminación; y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas«.

«Deben establecerse, respecto de cada objetivo medioambiental, criterios uniformes para determinar si las actividades económicas contribuyen de forma sustancial a ese objetivo», insiste el Reglamento, que no oculta que «una actividad económica no debe considerarse medioambientalmente sostenible si son más los daños que causa al medio ambiente que los beneficios que aporta»

Plataforma sobre Finanzas Sostenibles

El Reglamento insta a la Comisión Europea a crear una a Comisión cree una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, compuesta por expertos que representen tanto al sector público como al privado. Entre los expertos del sector público debe haber representantes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, del Banco Europeo de Inversiones y de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre los expertos del sector privado debe haber representantes de los participantes en los mercados financieros y no financieros y de los sectores empresariales que representen a las industrias pertinentes, y personas con experiencia en contabilidad y elaboración de informes.

La Plataforma también debe incluir a expertos que representen a la sociedad civil, en particular expertos en cuestiones ambientales, sociales, laborales y de gobernanza.

Al mismo tiempo, fija que la Comisión Europea «debe dar continuidad al Grupo de expertos de los Estados miembros en materia de finanzas sostenibles y otorgarle carácter oficial».