El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón reclama a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) que colabore en la pieza que investiga los supuestos encargos del BBVA al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y le ha pedido una vez más 223 correos electrónicos y documentos que aún no ha aportado al procedimiento, así como otro material recabado para realizar su informe ‘forensic’.

El socio responsable del departamento de Forensic Services de PwC, Javier López Andreo, comparecía ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 a en calidad de testigo sobre el informe encargado por el despacho Garrigues en nombre de su cliente, el BBVA.

El juez Manuel García Castellón ha recordado a López Andreo su condición de testigo y, por tanto, su obligación de decir la verdad y colaborar con la investigación, a riesgo de cometer posible delito de desobediencia si no lo hace. Así, le ha comunicado que emitirá una resolución solicitando la información, que ha exigido que entregue en un plazo razonable.

El banco está imputado como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios en esta pieza 9 del ‘caso Villarejo’ por los presuntos trabajos de espionaje pagados al comisario a lo largo de 13 años y por los que éste habría percibido más de 10 millones€.

Los fiscales anticorrupción han pedido al magistrado, y éste así lo ha acordadodurante la declaración de López Andreo, que PwC aporte a la causa una serie de documentos de los que dispone, como así ha reconocido el propio auditor.

Son 223 archivos que la consultora no facilitó al juzgado en marzo alegando que el BBVA así se lo había indicado por «privilegio del secreto profesional». El propio López Andreo remitió un escrito al instructor, incorporado al sumario de la causa, en el que explicaba que «la representación letrada» del banco le informó de que «el levantamiento del privilegio del secreto profesional sólo lo fue para contestar a las preguntas formuladas» durante la primera parte de su declaración el 20 de febrero, lo cual «no alcanza a la presentación de documentación al juzgado».

Este escrito fue remitido el 4 de marzo, después de la primera parte de la comparecencia de López Andreo en la Audiencia Nacional. Pocos días después se decretó el estado de alarma y, con ello, la paralización de la actividad judicial, de modo que hasta el 22 de junoo no había podido reanudarse la declaración del auditor como testigo.

Además de los 223 archivos, el juez incluye en su requerimiento otros documentos que PwC no habría aportado a la instrucción.

En su primera declaración el pasado 20 de febrero, López Andreo explicó la metodología de trabajo que siguen los auditores, utilizando una técnica conocida como ‘mapa de calor’ que consiste en un servicio de análisis que sirve para identificar los puntos clave de las búsquedas. En el caso del ‘forensic’ sobre BBVA, el banco explicó que supondría la revisión de 2,3 millones de ítems, lo que exigiría un tiempo de ejecución de dos años.

No obstante, el perito de PwC dijo que desde que se encargó el informe, en enero de 2019, aún no se habían redactado conclusiones sobre la ‘operación Trampa’, los supuestos espionajes al expresidente de Sacyr Luis del Rivero para tratar de frenar el asalto de esta empresa para entrar en el consejo de administración del banco, lo cual habría supuesto el primer encargo del BBVA a Villarejo.

Tras reconocer que en poco más de un año el ‘forensic’ sólo había analizado aproximadamente un 10% de la información, López Andreo remarcó que el estudio continúa y la auditora ha ido entregando conclusiones preliminares.